Por Claudio Fuentes S., académico Universidad Diego Portales.
Los partidos políticos, por segunda vez, apostaron a solucionar la crisis social chilena por la vía de un reemplazo constitucional. La fórmula ideada responde al fracaso anterior, por lo que se estableció un modelo que combina expertise técnico (Comisión Experta) con la representación popular mediada por los partidos (Consejo Constitucional).
Pero esta nueva ruta hasta el momento no ha generado adhesión ciudadana. La encuesta UDP/Feedback nos muestra que solo el 22% le otorga alta legitimidad, mientras el 38% le asigna media legitimidad y 31% le entrega poco o nada. Un dato esperable es que quienes le asignan menos grados de legitimidad son aquellos que se auto-identifican con la izquierda (48,7%) y con la derecha (41,4%). Otro dato: el 49% de la muestra considera que es poco o nada probable que se apruebe una nueva Constitución. Y de nuevo, los más pesimistas se ubican en ambos extremos. Así, la mitad de los encuestados le tiene poca fe a un proceso donde el sistema político se está jugando gran parte de su capital.
Independiente del resultado del 7 de mayo, el principal desafío para la Comisión Experta y el Consejo Constitucional será encantar a una ciudadanía que se muestra muy distante y escéptica de las fórmulas institucionales ideadas por las elites para generar un nuevo pacto de convivencia social. ¿A qué se aspira socialmente? A un acuerdo que beneficie a las mayorías y que demuestre grandes consensos en temas cruciales para la sociedad. ¿Qué se observa? Disputas políticas interminables, intereses cortoplacistas, arreglos políticos acomodaticios, politiquería.
Entonces, a quienes conducen este proceso les cabrá una responsabilidad fundamental de crear condiciones para este nuevo pacto. Tendrá que hablar de cosas que hasta el día de hoy no se discuten, como fomentar un Estado moderno, profesional y eficiente; fomentar una función pública con probidad que evite los abusos. Tendrán que organizar un catálogo de derechos sociales que permitan emparejar la cancha en el acceso a prestaciones básicas de salud, educación, pensiones y vivienda. Y esta será la última oportunidad.
