Por Constanza Moreira, doctora en Ciencia Política. Senadora entre 2010 y 2020. Profesora de la Universidad de la República

¿Mintió o no el Presidente de Uruguay sobre la destrucción de documentos públicos? ¿Le mintió al Parlamento y a la ciudadanía? No estamos hablando ni de Nixon ni de Clinton. Estamos hablando de Uruguay. Esta pregunta era la que todos se formulaban en la noche del sábado pasado, durante la conferencia de prensa en la que el mandatario eligió no contestar prácticamente nada, argumentó cansancio y reafirmó que “legalmente el pasaporte debía ser entregado a Marset”, contra todo sentido común.

Los diarios del mundo registraron estos eventos, y lo calificaron casi unánimemente de “crisis política” (Clarín, La Nación, Página 12, El País, France24, entre otros). El Presidente le bajó el tono: habló de un “problema político”, pero no de “crisis”. Señaló que la institucionalidad del país estaba muy firme, y que la justicia “resolverá” sobre las responsabilidades de los implicados en la entrega “express” del pasaporte a un narcotraficante uruguayo preso en Dubai, que facilitó su fuga.

Los involucrados, en este caso, son nada más ni nada menos que el Ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior y el principal asesor del Presidente, quienes se vieron obligados a renunciar. Y lo son ya no por la entrega del pasaporte -que el Presidente sostiene fue un acto “estrictamente legal”- sino por la destrucción de las comunicaciones entre los ministerios que demostraban que efectivamente, sabían que la persona en cuestión -Marset- era un narcotraficante “de peso”.

Para la coalición de cinco partidos que sostiene el gobierno, las explicaciones del Presidente fueron satisfactorias; en el Parlamento la oposición señala que este es un asunto político de la mayor gravedad. Es el quinto escándalo de corrupción que envuelve a figuras de gobierno, y que ha motivado el recambio más importante del gabinete por escándalos de corrupción desde el fin de la dictadura hasta ahora. Han sido removidos, además de los ministros ya señalados, los titulares de Turismo, Vivienda, y expulsado el principal senador del gobierno, imputado en un proceso por abuso de menores.

Uruguay calificó en este año en los primeros lugares en el ranking de transparencia en América Latina. Pero hoy está en cuestión el vínculo entre narcotráfico y política, que se revela crucial en la región, y del que Uruguay parecía estar excluido.