Por Cristián Stewart, director Ejecutivo IdeaPaís
“Si gana la preferencia En Contra, seguirá la actual Constitución y no habrá un nuevo proceso constitucional”. Eso decía un afiche informativo del gobierno, que tuvo que borrar porque interpretaba en exceso los efectos de esa opción.
Pero asumamos por un momento que ello ocurrirá. Que el compromiso de los 10 partidos de gobierno de que “hoy” (sea lo que signifique esta palabra) no promoverán otro proceso constituyente, es real. De ser así, nuestra Constitución seguirá vigente, con lo bueno y lo malo que ello implica. Dentro de lo último, lo único seguro que no cambiará son las reglas del sistema político, aquella parte del diseño institucional que se encarga de entregar gobernanza entre gobierno y Congreso. Pésima noticia.
Nuestro sistema político está en la UCI. Los niveles de fragmentación del Congreso son un lastre gravísimo. Y ello obedece principalmente a las actuales reglas, que incentivan a entrabarlo todo: programas presidenciales, reformas sensibles y negociaciones cotidianas, lo que hace imposible avanzar.
La propuesta constitucional no es perfecta, pero en este acápite sus avances son profundos: reduce y fortalece a los partidos políticos con el umbral del 5%; castiga a los díscolos que usan a los partidos como meros trampolines; y disminuye de 155 a 138 diputados, la magnitud de los distritos y la de sus tamaños, lo que ataca directamente a la fragmentación (Bunker y Fontaine, 2023).
¿Por qué si gana el En Contra seguiremos igual en este tema? Porque para hacerlo, son los diputados incumbentes —los que hoy detentan el poder— quienes deben modificar estas reglas, las cuales los perjudican: de los 22 partidos representados en el Congreso, pasaríamos a tener entre seis y ocho, lo que claramente no les conviene.
Los avances de la propuesta son cruciales, no solo porque son buenos, sino porque cualquier cambio en esta línea es mejor que la UCI. Y votar En Contra nos dejará con esta Constitución, y con ello, condenados a seguir en la enfermedad.
