Por Daniel Rodríguez, director Ejecutivo de Acción Educar
La publicación de un informe de caracterización de los deudores del CAE por parte del Ministerio de Educación causó cierta polémica, debido a una cuestionable opción metodológica que tomó esta cartera y que exageró hasta la inverosimilitud la vulnerabilidad de los beneficiarios de este crédito estudiantil.
Establecido el hecho de que la forma en la cual fueron entregadas las cifras por parte del Ministerio no ayudan a la opinión pública a entender mejor el problema ni a pensar en soluciones, es central ahora ir al fondo del asunto, asumiendo su complejidad y diversas aristas.
Al menos desde 2017 existe cierto acuerdo en que es necesario introducir cambios a la política de créditos estudiantiles. El diseño original del CAE no abordó correctamente dos situaciones que se han convertido en su talón de Aquiles: las altas tasas de deserción del sistema (que dejan a los estudiantes con deudas, pero sin títulos) y la rapidez con que la morosidad -si no se aborda- puede llevar la deuda a un volumen imposible de solventar para el individuo. A esto se suma el costo fiscal que ha tenido, que, si bien no se aproxima a la gratuidad, es considerable.
Se han propuesto soluciones. Entre las que generan mayor consenso están: sacar a la banca privada del sistema, asegurar la contingencia al ingreso a todo evento, una tasa de interés significativamente subsidiada y la posibilidad de extinguir la deuda tras un plazo de pago. Estas medidas, complementadas con otras que alivien la situación de los deudores en peor situación, podrían llevar a un sistema de créditos universitarios sustentable y similar al de otras latitudes. Al contrario, si se siguen alimentando consignas (“no más deudas por estudiar”) sin respaldarlas con propuestas factibles, y promoviendo políticas regresivas, injustas y sin financiamiento, el debate seguirá en un punto muerto.
