Por Daniela Catalán, investigadora del Laboratorio Constitucional de la UDP
Durante los últimos días, los consejeros constitucionales presentaron sus enmiendas al anteproyecto redactado por la Comisión Experta. Entre ellas, se encuentra la del Partido Republicano, que suprime la norma transitoria sobre paridad de salida ¿Por qué esto vulnera un mínimo democrático?En primer lugar, debemos recordar que en nuestro país transcurrieron 70 años desde el establecimiento del sufragio femenino, hasta que las mujeres superaran el 25% de representación en la Cámara de Diputadas y Diputados, en las elecciones de 2021. Lo anterior, evidencia que factores culturales e históricos han limitado su participación en la toma de decisiones, creando sesgos a favor de los hombres.
En segundo lugar, la paridad es un piso mínimo en una sociedad democrática, que debe estar compuesta por una pluralidad que otorgue legitimidad al sistema político. Incorporar la paridad no significa favorecer a un determinado sector ideológico, ya que al igual que los hombres, las mujeres son un grupo diverso.
En tercer lugar, la paridad de salida es un mecanismo que incentiva una incorporación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones políticas, acelerando un proceso que, de otra manera, tomaría décadas en realizarse. La principal razón para rechazar este principio es que “mete la mano en la urna”. Sin embargo, en el anteproyecto existen normas como el umbral del 5% que implica, también, “meter la mano a la urna” y, sobre la cual todos los partidos están de acuerdo. Ambas disposiciones buscan resguardar un bien superior: para el caso del umbral es la fragmentación política, y para la paridad de salida es la efectiva participación femenina en la distribución del poder político.
Una real representación de mujeres en el Congreso permite que se discutan nuevos temas en la agenda legislativa y, también, mirar con otra perspectiva aquellos que ya existen. Por ejemplo, con una mayor representación femenina podría demorarse un tiempo prudencial y, no 16 años, en el debate parlamentario de un proyecto de ley que iguala los derechos de la pareja en la administración de los bienes en la sociedad conyugal.
