Por David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC
En las últimas décadas Chile fue avanzando sostenidamente, a medida que incrementaba su nivel de desarrollo, en establecer una red de protección social con garantías y pisos mínimos en salud, pensiones, educación, primera infancia e ingresos. La responsabilidad fiscal que caracterizó al país en este mismo periodo permitió que los gobiernos hubieran reaccionado con importantes estímulos fiscales en la crisis de 2008-2009 y en la significativamente mayor crisis de 2020-21 en la que nos encontramos.
Se ha puesto de moda denostar la focalización de los recursos y alabar las ayudas universales. El análisis de las disyuntivas actuales muestra lo equivocado de este razonamiento.
El gobierno cedió a la tentación y las presiones de los distintos sectores y extendió el IFE por octubre y noviembre, con un costo total de US$ 6.400 millones, en ayudas que llegan a cerca de 16 millones de personas. Contrariamente, en la Comisión para la Recuperación de los Empleos aconsejamos restringir estas ayudas a la población que tiene problemas para encontrar empleos y recuperar sus fuentes de ingresos, que asciende a cerca de 1 millón de personas. Aun considerando la dificultad para identificarlas, no sería pertinente hoy entregar estas ayudas a más de 3 millones de personas.
Los recursos, que son muy escasos hoy, deben concentrarse en esos últimos grupos y en el estímulo al empleo formal. Efectivamente, tal como recomendamos en la Comisión mencionada, se estableció un subsidio directo de monto significativo a trabajadoras(es) con nuevos contratos entre agosto y diciembre de 2021. No debe sorprender que esta última muy importante medida tiene un costo de US$ 500 millones en el período, es decir, menos de la duodécima parte del IFE.
La responsabilidad fiscal es un deber ético porque aunque parezca extraño hoy para las discusiones que se están dando en el Congreso y entre los distintos candidatos, hay un país que continúa después de las elecciones de noviembre. Hablar de ayudas universales como si los recursos permitieran financiar IFEs mensuales hacia adelante es irresponsable y miope. ¿Habrá candidatos(as) que tengan el coraje de sostener una posición correcta pero impopular?
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