Por Dhayana Carolina Fernández-Matos, doctora en Ciencias Políticas y profesora investigadora de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar (Colombia). Integrante de la Red HILA y de la Red de Politólogas #NoSinMujeres.

Es un secreto a voces que en Venezuela no hay independencia de poderes, que todas las instituciones del Estado son brazos ejecutores de las órdenes de Nicolás Maduro y su gobierno. Esto incluye al Ministerio Público y el Poder Judicial.

Son estos organismos, cumpliendo las órdenes de su jefe Maduro, los que se pusieron de acuerdo para que un tribunal, con competencia en delitos de terrorismo, emitiera una orden de aprehensión en contra de Edmundo González Urrutia, a quien se le acusa de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, entre otros delitos.

Se trata de una arbitrariedad más del régimen que, ante su clara derrota que le ha impedido mostrar las actas electorales, arremete contra el candidato González Urrutia, quien gozó (goza) del favoritismo de la población.

Estos resultados contundentemente adversos, llevaron al régimen a cometer fraude electoral y a una persecución política en contra no sólo de dirigentes políticos, sino de personas que han mostrado alguna posición contraria al gobierno, o por ser testigos electorales, o simplemente por un comentario en Whatsapp, entre otras circunstancias.

Estas violaciones de derechos humanos han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) a señalar la existencia de terrorismo de Estado en Venezuela, en un contexto de absoluta desprotección de la ciudadanía ante unos organismos de control -Ministerio Público y Poder Judicial- que hacen parte de la estrategia represiva del régimen.

Es ante unos órganos que violan derechos humanos que se pretende que se presente Edmundo González Urrutia, con todos los riesgos que eso supone para su integridad y su vida; hasta el punto de que varios países le han ofrecido asilo político. Pero no está ante una posición fácil.

Si se queda en Venezuela, corre el riesgo de sufrir un atentado o que sea detenido injustamente, pero si sale del país, se debilitaría considerablemente la resistencia pacífica que hasta ahora ha desarrollado la oposición. Seguramente alguien con la experiencia de González Urrutia como diplomático tomó en cuenta estos escenarios a la hora de aceptar su candidatura.

Independientemente de lo que ocurra los próximos días, hay que reconocer, si se escucha con atención a González Urrutia, que sería el presidente idóneo para una transición política en Venezuela. En sus discursos destacan palabras tales como diálogo, reconciliación, negociación… Esta mesura tampoco se la perdona el régimen.