Por Erika Olivera, diputada y exdeportista olímpica.
A pocos días de bajar la cortina de los Juegos Olímpicos de París 2024, ya fijamos la mirada en la próxima cita de Los Ángeles 2028. Y cómo no ilusionarse después del desempeño del Team Chile que obtuvo una presea dorada, una de plata y dos diplomas olímpicos.
Hacía 20 años que nuestro país no lograba una medalla de oro y Francisca Crovetto se transformó en la primera mujer en hacerlo tras una actuación que evidencia una larga y rigurosa preparación, que tuvo su debut en Londres 2012.
Francisca, como la mayor parte de los deportistas de alto rendimiento, ha dependido del aporte estatal y federado. Ella es un claro ejemplo de que un buen programa y el apoyo económico pueden formar una campeona.
Sí, porque una medalla de oro no sólo es fruto de la destreza y dedicación, también de la inversión donde el compromiso del sector privado es fundamental, pero al que no todos pueden acceder de igual forma.
Tampoco los deportistas olímpicos reciben los mismos montos desde el Estado: el apoyo depende de la apuesta que se hace sobre él o ella, la disciplina, el equipamiento, el número de competencias, destino y tiempo de las concentraciones y aún así muchos de ellos deben completar sus programas con otros ingresos.
El incremento sostenido de los recursos, que aumentó en un 40% en el último ciclo olímpico, más los resultados, nos hacen pensar en un despegue definitivo, pero es importante hacer un análisis serio de los objetivos propuestos, la preparación y no quedarnos en la impresión.
Ya se ha anunciado la prioridad que tendrán los top 10 de Santiago 2023, pero es fundamental modernizar el sistema de federaciones y que los recursos asignados estén sujetos a una evaluación de gestión, técnica y de resultados. Es crucial incorporar la ciencia a la preparación y la captación de talentos, así como la capacitación de los entrenadores chilenos y, tal como ocurre en las grandes potencias, dar prioridad al apoyo psicológico.
Finalmente, el proceso formativo es una de las apuestas a largo plazo, junto con la reactivación de las competencias locales que habían estado postergadas durante la pandemia.