Por Felipe Larraín, profesor Titular Economía UC y Clapes UC, y exministro de Hacienda
Esta semana avanzó con lo justo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca permitir un cuarto retiro de fondos previsionales, política pública incomprensible dada la situación económica y sanitaria actual, sus negativos efectos sobre las pensiones y su extrema regresividad. Esta medida no se justifica. La economía ya recuperó el nivel de actividad perdido durante la pandemia y avanza a buen ritmo en recuperar el empleo. En lo sanitario, con cerca de 75% de la población vacunada con dos dosis, bajísimos contagios y pocos casos activos, se ha avanzado en abrir la economía, lo que permitirá la recuperación de los sectores más rezagados.
Sigue también vigente el IFE universal y ayudas sociales por más de US$ 17 mil millones entre junio y noviembre, cifra equivalente al monto estimado del cuarto retiro. El IFE más que compensa la caída de los ingresos laborales, llega a 16 millones de personas y, a diferencia de los retiros de fondos previsionales, no daña las pensiones.
Desde el punto de vista financiero, la sola expectativa de liquidaciones masivas de activos por parte de las AFPs y el daño institucional han contribuido a un aumento significativo de tasas de interés y a la depreciación del peso. El aumento de tasas es negativo para el costo de financiamiento de las familias, las empresas y el gobierno. El alza del tipo de cambio agrega presiones inflacionarias a una economía con claras señales de sobrecalentamiento. En los retiros anteriores, estos efectos fueron contenidos por la acción del Banco Central, pero el mismo BC ha advertido que la efectividad de sus intervenciones será muy limitada si estas iniciativas continúan.
Un nuevo retiro de fondos previsionales deteriora también las pensiones de los adultos mayores. Si se aprueba, más de cinco millones de personas quedarán sin saldo en sus cuentas individuales y serán las mujeres quienes verían la mayor reducción en sus pensiones. En efecto, si todos los afiliados sacaran el total de lo permitido en los cuatro retiros, en el futuro sería necesario recuperar unos US$ 78 mil millones, lo cual es virtualmente imposible; ello equivale prácticamente a todo el Presupuesto fiscal anual o al costo de construir más de 240 hospitales de alta complejidad.
Finalmente, es una política fuertemente regresiva, por cuanto solo 3% de los recursos llegaría al 20% de la población más vulnerable, mientras que más del 40% de los recursos llegaría al 20% de mayores ingresos. Por todas estas razones objetivas y fundadas, no se entendería que el Congreso apruebe un cuarto retiro de fondos previsionales. El Senado tiene la palabra.
