Por Fernanda Garcés, abogada
Durante la última semana hemos sido espectadores de una inusual y grave polémica entre el Presidente de la República y la Corte Suprema en relación al indulto otorgado a Jorge Mateluna. Más allá de los errores comunicacionales que han rodeado el ejercicio de esta atribución y el momento elegido para realizarlo dado el contexto político existente, lo que sorprende y preocupa es el llamado de atención que realiza el pleno del máximo tribunal del país mediante una declaración en la que, elegantemente, le recuerda al Presidente de la República que, de acuerdo a la Constitución, le está vedado revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones.
El llamado de atención realizado por la Corte Suprema claramente no dice relación con la atribución de otorgar indultos en sí misma. Por el contrario, se centra en un indulto en particular, el de Jorge Mateluna, y se vincula con el fundamento esgrimido por el Presidente de la República para otorgarlo.
Así, distingue entre la institución y la materialización de su concesión por parte de la Administración. Lo que subyace en el llamado de atención es que el ejercicio de la atribución de otorgar un indulto en ningún caso puede implicar una vulneración al principio de independencia del Poder Judicial, en este caso, mediante una justificación que pareciera poner en entredicho la función judicial al acusarla de irregularidades y de un actuar poco serio. En otras palabras, no le corresponde al Presidente de la República utilizar el indulto como una herramienta para corregir supuestas irregularidades cometidas en un juicio por parte del Poder Judicial, aun cuando personalmente esté en desacuerdo con el veredicto. De hacerlo, se pone en tela de juicio la garantía que tienen las personas sobre el debido ejercicio de sus derechos y libertades en un Estado de Derecho, así como su confianza en el correcto desempeño de la función judicial.
El Ejecutivo ha salido al paso del llamado de atención indicando que comparte plenamente lo señalado por la Corte Suprema y que no ha existido la intención de intervenir en la labor del Poder Judicial. Cabe observar con cautela cómo evolucionará esta tensión entre ambos poderes del Estado, sin olvidar que en esta controversia también se cuestionó la labor del Ministerio Público.
