Columna de Fernando Tuesta: Bicameralidad en Perú, el diablo está en los detalles

Por Fernando Tuesta, sociólogo y analista político peruano

Después de más de tres décadas volveremos a tener un Parlamento bicameral. Su restablecimiento se realiza en medio del alto desprestigio del Congreso. Lo que se ha rediseñado es un sistema político con un claro desbalance a favor del Poder Legislativo y, al interior de este, a favor del Senado.

Para la conformación del Poder Legislativo, se dice que el Senado está compuesto por un mínimo de 60 representantes. Se señala que cada circunscripción debe tener un senador, sin precisar qué se entiende por circunscripción. El resto se elegirá por distrito único, por lo que habrá senadores de distinto origen. Los que salgan elegidos serán mayoritariamente de Lima y las grandes ciudades que tienen más población, en detrimento de otras.

Para ser senador se requiere tener 45 años. Al Presidente de la República se le exige 35 años y para diputado 25 años. El artículo deja una puerta abierta para los actuales congresistas, pues, señala que el requisito alternativo es haber sido “diputado o congresista”. Los diputados y senadores podrán ser reelegidos, pero no han hecho lo propio con los gobernadores y alcaldes.

La relación entre las cámaras es asimétrica, pues los diputados se encargarán de elaborar las leyes y mantener la función de control político. En el caso del senado se encarga de elegir a las altas autoridades y de revisar las leyes aprobadas por los diputados. El detalle es que puede modificar y enviar los proyectos de ley -sin injerencia de diputados- al ejecutivo para su promulgación: Pero también los puede rechazar y estos serán archivados. En consecuencia, se convierte en la cámara con más poder.

En relación con el Ejecutivo, el gabinete de ministros ya no deberá solicitar el voto de confianza (investidura) como hasta ahora. Esta medida está bien, si no fuera porque no forma parte de un diseño de equilibrio de poderes. Al Ejecutivo le es difícil contener al Legislativo, pues sólo puede disolver la Cámara de Diputados -no Senado- si en dos oportunidades se ha negado una cuestión de confianza o censurado a gabinetes ministeriales. Si en el último año del quinquenio, no se puede disolver la Cámara de Diputados. Estamos delante de un sistema hiper parlamentarizado.

Finalmente, el Fiscal de la Nación es investido de más poder. Si el Senado acusa a un funcionario, la cabeza del Ministerio Público evalúa si da curso a la acusación penal. La discrecionalidad es alta, pero también preocupante cuando se trata de una institución que ha sido objeto de muchos cuestionamientos y claras capturas políticas.

Renace así la bicameralidad con más que imperfecciones, en medio de otras leyes de claro contenido contrarreformista. Nada hace presumir que la calidad de la política mejorará. La representación podrá tener incluso, peores perfiles que los actuales, que ya es mucho decir.