Por Gabriela Vivanco Salvador, directora de Diario La Hora de Ecuador, y presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
En materia política, especialmente aquella en la que se juegan grandes intereses de control e influencia ideológica -aquella que vira resultados electorales, por ejemplo-, una cosa es lo que se dice y otra, muy distinta, es lo que se hace. La creación de una Comisión Asesora contra la Desinformación, adscrita al Ministerio de Ciencia, enciende alertas que no deben desestimarse con tanta facilidad como lo hacen representantes del gobierno.
Quienes defienden la Comisión contra la Desinformación, reiteran hasta la saciedad lo que reza su decreto de creación, y la compara con otras investigaciones que ha liderado el Ministerio de Ciencias en materias con menor injerencia en los derechos fundamentales de los chilenos, como es el derecho al libre flujo de ideas y a la libertad de información.
El problema nace cuando un grupo de “expertos”, como los denomina el decreto pero también lo determina la Ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, serán designados por el Ejecutivo y tendrán, como primera tarea, el objeto de definir la “desinformación”. La Sociedad Interamericana de Prensa advirtió, desde un inicio, no sobre los riesgos de la creación de esta comisión “en papel” o en su teoría, sino sobre los riesgos que la difusión de conceptos como la “información” verdadera y aquella que no lo es, por parte de un consejo de “expertos” designados políticamente.
Chile ya sufrió los embates sociales y en materia de derechos fundamentales de un régimen autoritario que, sin embargo, creó una concertación política capaz de generar prosperidad y paz durante varias décadas, una hazaña que hoy envidian las débiles democracias de la región. Le corresponde a la misma sociedad chilena y a todos sus actores, permanecer vigilantes ante los riesgos que todos los días nacen y que, casi siempre a cuentagotas, suelen minar desde sus cimientos a las instituciones democráticas, siendo la prensa libre y la libertad de expresión, dos de sus pilares fundamentales.
Al contrario de lo que afirma la Ministra de Ciencias, la libre circulación de ideas contrarias al discurso establecido por las élites, las falacias y en ciertos casos, las mentiras, no son nuevas.
La historia demuestra que la proliferación de información es inevitable y más fuerte que cualquier intento humano de controlarla. Bien harían los expertos y aquellos preocupados desde los gobiernos, en enfocarse en cómo educar a su población para utilizar la tecnología y la información disponible para generar progreso, prosperidad e innovación y evitarse la tentación, dolorosa y retrógrada, de calificar los contenidos o, peor aún, intentar controlar su circulación.
