Por Germán Diaz, coordinador y académico del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado
El programa de Visa Waiver para Chile podría ser suspendido en diciembre. Así lo han manifestados diversas autoridades estadounidenses, quienes han advertido su preocupación por la creciente situación de inseguridad del país y el aumento de “viajes de la fe” al país del norte.
Entre las exigencias sostenidas a la autoridad se mandata reforzar los esfuerzos de prevención para evitar que se realicen viajes de mala fe y fortalecer la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley. Sin embargo, estas observaciones apuntan directamente a una de las falencias más graves de nuestra institucionalidad, el Sistema Nacional de Inteligencia, que debiese dotar al estado de herramientas y capacidades para detectar, perseguir y sancionar a la criminalidad trasnacional que desde hace años opera en el país.
Dentro de las diversas falencias del sistema, uno de los puntos más crítico y observados dice relación con la deficiencia de los sistemas de información y registro para un abordaje interinstitucional de esta problemática. La idea de un sistema unificado de datos (BUD) tardó años en implementarse y actualmente persiste la compartimentación de información por parte del sistema. A esto se suma la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad informática que protegen información sensible. El año pasado el Sistema B3000, la principal base de datos del Servicio Nacional de Migraciones, sufrió una caída que habría implicado la pérdida de los registros de extranjeros. Y recientemente conocimos con preocupación el hackeo masivo al Estado Mayor Conjunto el cual comprometió documentos sensibles en materia de defensa.
Este panorama se agrava si se observa la debilidad del Estado para responder con suficiencia a diversas situaciones de inseguridad que afectan al país.
Por un lado, la crisis migratoria en la frontera norte ha evidenciado la preocupante incapacidad del Estado para controlar adecuadamente sus fronteras y articular estrategias coordinadas con los demás países de la región.
Por otro lado, observamos el aumento sostenido de episodios de violencia grave en la macrozona sur. Lo más preocupante pareciera ser nuevamente la insuficiencia institucional para abordar adecuadamente esta problemática.
En el ámbito urbano también se observa una importante proliferación de “barrios o zonas ocupadas”, es decir, sectores caracterizados por balaceras constantes, comercio y consumo de drogas a toda hora, presencia de vigilantes armados del negocio ilícito y nula respuesta de la policía.
Esta breve radiografía evidencia el delicado escenario actual y la urgente necesidad de fortalecer el trabajo inter coordinado del sistema de justicia criminal. La pérdida de la visa Waiver sería sólo un síntoma más de esta crisis, pero por lejos insignificante en comparación con los costos humanos y cotidianos de la inseguridad y la violencia.
