Por Gonzalo García P., codirector de Núcleo Constitucional UAH.
Un exconvencional sostenía que en 30 días hacía una Constitución. Los expertos nos acaban de entregar en 24 días un primer gran borrador de un acuerdo extenso, profundo y sin disidencias sobre todas las materias constitucionales.
Estoy cierto de que nos debemos un nuevo orden constitucional y un rechazo al trabajo de la segunda constituyente pone en riesgo las bases mismas de nuestra convivencia. Pero, ¿realmente era tan fácil resolver los nudos constitucionales? Honestamente, lo dudo.
El texto es una suma de indicaciones orientadas para su aprobación en general. Son 195 artículos, 31 numerales de derechos y 22 normas transitorias que pasan a ser un borrador que supera los actuales 168 artículos, 26 numerales y 53 transitorias de la Constitución vigente después de sus 66 reformas. El acuerdo desafía a los demás organismos constitucionales. Al Consejo Constitucional que deberá obtener desde junio en adelante la suma de 3/5 de sus miembros para cambiar esos contenidos o establecer otros. Y al Comité Técnico de Admisibilidad como recado para su inhibición.
Los diversos capítulos propuestos trazan distintos consensos. En lo formal, se ciñe al modelo vigente de la Constitución repitiendo su sistemática y sus normas en buena parte de ellas. En lo sustantivo, traza soluciones sólidas de continuidad en algunas instituciones (Banco Central o Justicia Electoral). Mantiene normas que debería actualizar (Contraloría General de la República), balcaniza el régimen administrativo interno del Poder Judicial y reformula la relación Ejecutivo/Congreso con objetivos medios. En principios, busca soluciones bajo un complejo sincretismo. En derechos, da continuidad a libertades civiles y contiene omisiones en derechos sociales, medioambiente y garantías de derechos, así como en estados de excepción.
Preocupa la presión desde el corto plazo por la crisis de la salud privada o de la reforma previsional que pueden afectar severamente esta propuesta. Los guiños a una “libertad de elección de cotizaciones obligatorias” o la elección de “regímenes normativos de salud” están más pensados en salvar a las Isapres o a las AFP que en establecer modalidades constitucionales del derecho a la salud y a la seguridad social. La parálisis de esas decisiones no puede ser trasladadas al anteproyecto.
El paso siguiente es resolver desacuerdos profundos. En suma, se trata de un borrador que debe ser completado, pero ahora con sacrificios. En lo práctico, la desconstitucionalización que vive el país debe enfrentarse con soluciones que las superen y nos doten de un nuevo orden legítimo. Queda tiempo para ajustar esas piezas de cara al plebiscito de salida.
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