Por Iván Poduje, arquitecto
Es imposible que el Presidente Boric cumpla la meta de construir 260 mil viviendas sociales en su período, y la razón principal es la burocracia que existe al interior del propio Estado. Quizás el caso que comentaré en esta columna ayude a dimensionar el problema.
Se trata de 600 familias sin casa de Cerro Navia, que lucharon cuatro años para que el Serviu comprara un terreno en el fundo Santa Elvira, ubicado en el límite poniente de su comuna. Luego había que cambiar el uso de suelo, ya que el predio era industrial. Como se trata de un proyecto de interés social, la ley de urbanismo y construcciones (LGUC) contempla dos mecanismos para realizar el trámite en plazos reducidos: el artículo 50 y la Ley de Integración Social (LEIS), que ha permitido asignar norma en cinco meses.
La entidad a cargo del cambio normativo es la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi) y es con su llegada que las familias de Cerro Navia comienzan a vivir un infierno burocrático. Primero les informan que el cambio normativo se hará usando la LEIS, pero que tardará 18 meses y no cinco. Con resignación, las familias aceptaron la demora.
Luego de seis meses, la Seremi informa que el terreno no cumple con los requisitos para aplicar la LEIS, ya que su conectividad era deficiente. Medio año perdido. Lo obvio era optar por el artículo 50 de la LGUC, pero la Seremi decide usar el artículo 72 de la misma ley, que estaba “experimentando” para ver si daba mejores resultados.
Pasan otros dos meses y se informa que el experimentó falló, así que irían por el artículo 50 y que el trámite tomaría dos años más. A estas alturas, ya habían pasado los 18 meses desde la compra del predio y la Seremi no había avanzado nada. Entonces las familias me contactaron. Luego de acompañarlas a reuniones, y de revisar los antecedentes, concluí que la Seremi había usado mecanismos dilatorios, resquicios y mentiras.
Mintieron para no aplicar la ley de integración social (LEIS) y el engaño quedó al descubierto cuando el propio alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, les dijo que el terreno del fundo Santa Elvira no solo contaba con buena conectividad, sino que tenía un terminal de Transantiago y estaciones de la futura línea 7 del Metro cerca.
Los argumentos del alcalde fueron tan contundentes, que la Seremi tuvo que cambiar de opinión por cuarta vez. Volvió a la LEIS y redujo el plazo del cambio normativo de 18 a 12 meses, pero no los cinco que se pueden conseguir eliminando trámites que no son necesarios. Propusimos ese camino rápido, considerando el tiempo que habían perdido las familias, pero nos encontramos con un muro. La impotencia fue tan grande, que las familias decidieron marchar por la Alameda el 24 de agosto pasado.
Esperar meses por un trámite es un calvario, pero para una persona que postula a una vivienda social es un calvario que viven allegados, hacinados, en un campamento o pagando un arriendo abusivo por una pieza. Las familias de Cerro Navia llevan seis años así con un terreno fiscal botado que puede ser tomado en cualquier minuto. En ese lapso, cuatro socios de los comités fallecieron sin ver cumplido el sueño de la casa propia. Otros perdieron sus trabajos y muchos han debido moverse a campamentos, ya que las familias tampoco han logrado acceder al subsidio de arriendo “protegido” que ofrece la autoridad.
Cerro Navia no es un caso aislado. Me ha tocado vivir lo mismo con familias de Lo Barnechea, Maipú, Viña del Mar, en los últimos tres gobiernos y la burocracia es cada vez peor, lo que explica en parte, el alza explosiva de los campamentos y el surgimiento de un mercado negro de loteos irregulares.
Pero hay otro efecto que tomará años en notarse y que siento cada vez que las dirigentas van con sus niños a las reuniones de los comités de vivienda. ¿Qué sentirán sus hijos al verlas sufrir por la indolencia de la burocracia? ¿Terminarán odiando a todos los políticos, o se incubará en ellos el germen de un nuevo estallido social?
