Por Iván Poduje, arquitecto.
“Que vengan a decirme aquí en San Ramón que el plan Calles sin Violencia no funciona”. Ese fue la arenga del Presidente Gabriel Boric en una salida a terreno, para responder a los cuestionamientos de su plan estrella contra la delincuencia. Pero más allá de su bravata, los datos publicados por el Ministerio Público confirman que “Calles sin Violencia” ha sido un fracaso, partiendo por la comuna de San Ramón, ubicada en la jurisdicción de la Fiscalía Sur, donde los homicidios crecieron un 54% entre 2023 y 2024.
Con ello, la zona sur de Santiago –donde viven 1,8 millones de capitalinos- llega a 29 homicidios por cada 100 mil habitantes (29/100K), similar a Tegucigalpa, la violenta capital de Honduras. Las 13 comunas de la Fiscalía Centro Norte ya superaron a la Ciudad de México con 17/100K, con matanzas en masa, como un tiroteo que dejó seis muertos en un centro de eventos de Lampa o el atroz asesinato de cuatro menores de edad en una plaza del barrio Cardenal Silva Henríquez de Quilicura.
La situación en regiones también es preocupante. Los homicidios de Arica y Valparaíso crecieron un 35% y un 15% respectivamente, mientras que Aysén se disparó en un 68%. En varias capitales regionales los crímenes se desplazaron hacia los centros urbanos, lo que indica mayor impunidad para operar. Además, como advertimos en Atisba, varias tomas de terrenos se han transformado en ciudadelas controladas por el crimen organizado en Alto Hospicio, Arica, Copiapó o San Antonio.
Los datos del Ministerio Público son alarmantes, pero nuestros líderes políticos y empresariales parecen no acusar recibo. Una explicación es que la mayoría vive en la zona oriente de Santiago, cuya Fiscalía reporta solo 2,7 homicidios / 100 mil habitantes, y una reducción del 22% de estos crímenes respecto a 2024. Y si sacamos La Florida, Macul y Ñuñoa, dejando el clásico barrio alto capitalino, la situación es parecida a Copenhague.
Este clima danés genera una mezcla de indolencia con alucinación. Solo así se explica que sectores de izquierda afirmen que el temor de los chilenos no es real, sino que obedece a una construcción de los medios de prensa para buscar rating o golpear al gobierno. Desde el mundo woke –que recorre todo el arco político- las teorías son más alocadas aún. Estos progres nos dicen que Chile habría entrado en una fase de calma y moderación, pese que la brutalidad mexicano–hondureña que se vive en amplias zonas urbanas del país.
Esta desconexión puede explicar la poca prioridad que tiene el combate del crimen en nuestra clase política, más allá de los discursos o los mensajes en redes sociales. En los hechos la oposición no exigió ningún cambio al plan “Calles sin Violencia” y apoyó la creación de un Ministerio de Seguridad que tomará años en operar y que contempla una compleja gobernanza entre Seremis de Seguridad, Delegados Regionales y Gobernadores.
Quizás querían salir pronto de este cacho, para abocarse a su nuevo fetiche: la reforma al sistema político que busca reducir el número de partidos, asumiendo que este solo hecho, permitirá llegar a los acuerdos que requiere el país para implementar grandes reformas. Se repite el mismo reduccionismo que vimos en la reforma educacional –que acabaría con la desigualdad- o la Nueva Constitución, que nos llevaría a un país más seguro y próspero. Balas de plata que simplifican problemas complejos y que quizás por lo mismo suelen terminar en sonados fracasos.
Luego de ver los datos del Ministerio Público no podemos esperar más tiempo para intervenir los barrios donde niños y mujeres son asesinados sin clemencia en calles y plazas. Para ello no sirve aumentar la burocracia o reducir el número de partidos. Se necesitan planes operativos que combinen acciones policiales, con servicios públicos y programas para frenar la deserción escolar, reduciendo la captura de niños por parte de las bandas.
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