Columna de Iván Poduje: Calles sin violencia... ¿y sin plan?
Por Iván Poduje, arquitecto
El plan “Calles sin Violencia” fue anunciado con bombos y platillos, como la gran medida para combatir la crisis de seguridad y con un presupuesto de US$ 1.500 millones, lo que es mucho dinero. Lamentablemente no sabemos cómo y cuándo se gastará esa plata y qué indicadores se usarán para evaluar la reducción de los delitos.
Este no es un problema del gobierno actual. “Calles sin Violencia” repite el mismo problema de “Barrio en Paz” (2017) o “Calle Segura” (2018). Anuncios con nombres rimbombantes, pero con poca programación y aplicación práctica, que es lo que debe tener un plan. En esta columna intentaré proponer algunas medidas que podrían ayudar a concretar sus objetivos. Lo primero es focalizarse en los recintos policiales o “cuarteles”, que son el pilar de la seguridad en los barrios y que en demasiadas comunas tienen una infraestructura precaria. Los vecinos son recibidos en salas pequeñas, mal iluminadas, los carabineros duermen hacinados y deben poner barreras de cemento para protegerse de los disparos.
“Calles sin Violencia” debe partir licitando el mejoramiento de los 50 cuarteles que atienden la mayor cantidad de delitos. En zonas críticas, se deben incluir casas fiscales para que los policías solteros no vivan en barrios controlados por los narcos, lo que los expone a ataques o captura.
Lo segundo es aumentar el número de carabineros liberándolos de funciones administrativas. Esta idea se plantea hace años, pero ahora debe precisarse. En los cuarteles existen efectivos del Servicio de Investigaciones Policiales (SIP) que tienen entrenamiento especial para combatir el crimen organizado, pero que pasan buena parte del día llenando formularios de las Fiscalías. Esto es lo primero que debe corregirse.
Hoy tenemos carabineros atendiendo denuncias, verificando firmas mensuales de personas con causas o administrando servicios. Todas estas actividades pueden ser realizadas por civiles. También la atención de casos de Violencia Intrafamiliar (VIF), lo que permitiría liberar a las carabineras que cumplen esa función, para que verifiquen en terreno las órdenes de alejamiento de las parejas golpeadoras.
Funciones más sensibles pueden hacerse con los denominados “llamados a servicio”, que son carabineros retirados que podrían encargarse de distribuir el armamento, apoyar a la guardia del cuartel o realizar labores de policía comunitaria. Los llamados a servicio atraen poco personal ya que los salarios son bajos. Hay que subirlos, dejando fuera cualquier prejuicio ideológico. Con estas medidas el número de carabineros operativos podría aumentar entre un 15% y un 20%.
Un tercer punto es la flota. En países desarrollados si un radiopatrulla choca o tiene una avería, es llevado a un taller y al otro día se dispone una unidad de reemplazo. En Chile este proceso toma semanas o meses debido a la burocracia que existe al interior de la institución. “Calle sin Violencia” debe externalizar el servicio de reparación de vehículos y adquirir flotas para los servicios municipales de seguridad, que hoy patrullan con carabineros y han tenido muy buenos resultados.
Un cuarto eje del plan es el entorno. Se habla de recuperar los espacios públicos, pero esta medida es insuficiente, si no se complementa con servicios de prevención. Necesitamos más jardines infantiles y salas cuna para que los niños no queden solos cuando sus madres trabajan. Necesitamos más centros de salud mental para jóvenes con adicciones y recintos para incentivar el deporte y la recreación. Solo en Santiago tenemos 983 canchas barriales en mal estado, que son usadas como microbasurales o puntos para consumir y traficar drogas. “Calle sin Violencia” podría techarlas, iluminarlas, ponerles camarines y asumir su mantención con profesores de gimnasia que trabajen con niños o adultos mayores.
Estas medidas no son ciencia espacial. Las identifiqué recorriendo los barrios y visitando comisarias para escuchar de primera fuente las necesidades de vecinos y los policías. Quizás falta ese trabajo en las autoridades a cargo de los planes de seguridad. Lo mismo aplica para los científicos que proponen las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) sin haber estado nunca en un tiroteo.