Por Iván Poduje, arquitecto.
Las ciudades chilenas han lidiado con muchos desastres naturales, pero nunca con el nivel de peligro que genera el fuego en el contexto del cambio climático, que algunos se niegan a aceptar. Basta que se junten viento, calor y poca humedad, para que se active una bomba de tiempo que puede ser detonada por una o varias personas por las razones más diversas. Desde una enfermedad mental, a motivaciones económicas o acciones de “reivindicación territorial”, que es una forma sutil de decir terrorismo en Chile.
Eso fue lo que declaró la ministra Tohá a raíz de los graves incendios que han afectado la zona sur. Y razones tenía. De las 26.663 hectáreas quemadas en el país durante 2025, el 66% se localizó en La Araucanía, una región donde el fuego es usado hace años por organizaciones radicales para exigir tierras. Así han quemado fundos, máquinas, iglesias, escuelas, oficinas públicas e incluso casas de jueces y alcaldes.
También preocupa el índice de intencionalidad. Casi todos los incendios son generados por el hombre, pero es distinto si esto ocurre por accidente, negligencia – soldaduras o cables de alta tensión- o con la intención de quemar campos y ciudades. Este factor explica cerca del 22% de los incendios en Chile, pero en La Araucanía, la intencionalidad subió al 55% en los incendios de febrero 2023 que destruyeron 2.400 viviendas y 365 mil hectáreas.
Con estos antecedentes, cuesta entender el alboroto generado por las declaraciones de la ministra del Interior. El gobernador Saffirio la acusó de “estigmatizar” a su región, como si el historial de atentados en La Araucanía fuera algo desconocido. El senador Huenchumilla afirmó que Toha ignoraba “las sensibilidades presentes en la zona”. ¿Cuáles serían estas “sensibilidades” y a quiénes ofenden? No a la enorme mayoría de la población de La Araucanía, que sufre con las acciones violentas de reivindicación de tierras.
Esa gente ha vivido un infierno este verano. Los incendios “San Carlos” y “Chocome” rodearon la ciudad de Collipulli dejando en vilo a sus 20 mil habitantes. El martes 11, solicitaron evacuar el barrio sur de Traiguén, luego que el incendio “El Valle”, iniciado en Galvarino a 14 kilómetros, llegara a esta ciudad pese a los esfuerzos para contenerlo. Para tener una referencia, 14 kilómetros es la distancia entre la plaza de Armas y el aeropuerto de Santiago. Esa era la magnitud del fuego.
¿Sabe cuántas ciudades se emplazan en una condición similar? En La Araucanía son 15. Además de Galvarino, Traiguén y Collipulli, los riesgos más altos se observan en Victoria, Chol Chol, Purén y el área metropolitana de Temuco. En las regiones de Ñuble y Biobío existen otras 11 ciudades en medio de plantaciones forestales con registros de incendios intencionales, incluyendo el Gran Concepción. Sume el Gran Valparaíso, rodeado por un cinturón de fuego potencial, y la población expuesta a incendios intencionales supera los tres millones de habitantes.
¿Qué podemos hacer entonces? Lo primero es aplicar inteligencia para identificar y anular amenazas. Esto debe hacerse tanto en grupos radicales de la macrozona sur, como en particulares e instituciones públicas como Conaf o Senapred, donde se organizó la banda criminal acusada iniciar el fuego que mató a 137 personas en Viña del Mar y Quilpué.
Lo segundo es reforzar considerablemente las brigadas de control de incendios del Ejército, con flotas propias de aviones y helicópteros, que puedan operar noche y con blindajes para sobrevolar las zonas donde reciben balazos. Por último, debemos incorporar el fuego como riesgo en los planes reguladores, para evitar que la ciudad avance hacia estos sectores.
Claro que esto funcionará siempre que el Estado evite que los cortafuegos sean tomados para instalar campamentos, como ha ocurrido en Curanilahue, donde en cualquier minuto se podría desatar una tragedia de proporciones.
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