Por Iván Poduje, arquitecto
El padre de Agustina Chacón pensó que estaban tirando fuegos artificiales cuando cruzó la avenida Inca de Oro de la comuna de Maipú, el 18 de enero, a las 22:00. Tampoco sintió el ruido del parabrisas quebrado y solo notó la tragedia que estaba viviendo, cuando vio a su hija sangrando desde el pecho. Al darse cuenta que esta niñita de solo 10 años había recibido un balazo, su padre pidió ayuda y en cosa de minutos llegaron carabineros de la 52 comisaría de Maipú, una de las mas grandes y fortificadas de la capital, ubicada a solo dos cuadras del tiroteo. Pese a los esfuerzos de las policías y de personal médico, Agustina falleció a las pocas horas en el hospital El Carmen.
Esta tragedia ocurrió después de la Navidad Roja que conté en otra columna, cuando grupos delictuales dispararon contra ferias libres a plena luz del día. Desde entonces, siete niños han sido asesinados por “balas locas” solo en la región Metropolitana. Ayer una multitud se congregó en la plaza de Maipú para exigir justicia por Agustina, ya que su asesino todavía anda libre. Mientras ello ocurría, en Pudahuel otro niño falleció de un balazo en el barrio Paulo Sexto, una zona segregada que en seis años acumula nueve homicidios.
Esta demás decir que las comunas donde vivían estos niños incidieron en la indiferencia que mostraron autoridades y políticos. El ministro de Justicia, Luis Cordero, resume esa actitud, cuando califica el homicidio del menor en Pudahuel como un “daño colateral” de la disputa territorial entre bandas criminales. Conozco a Luis Cordero y no es una mala persona. Su frase desafortunada solo es fruto de la idiotez con que se ha tomado su cargo como vocero de embarradas y primer tinterillo de la República.
Pero la oposición tampoco ha estado a la altura. Está más preocupada de las pensiones de gracia entregadas por el gobierno a presos de la revuelta que resultaron ser pedófilos, traficantes, abusadores sexuales, con informes truchos preparados por el Instituto Nacional que vela por los Derechos Humanos de delincuentes y terroristas conocido como “INDH”. Que no se mal entienda mi punto. Las pensiones de gracia son una vergüenza, pero el asesinato de niños es muchísimo más grave y sobre eso, apenas hemos vistos algunos tuits en redes sociales. Ninguna exigencia de renuncia o un plan concreto para entregar seguridad a los millones de chilenos que viven aterrorizados por esta ola de homicidios.
Hace unos días conversé con el periodista Jorge Molina, que publicó el libro Chile Narco, que debe ser la investigación más seria y completa sobre la amenaza de la nueva criminalidad. Molina difiere de la tesis del combate o la guerra por territorios que argumentó el ministro Cordero cuando hizo su declaración idiota. Este experimentado periodista dice que apenas estamos viendo reyertas. Lecciones que dan las bandas a sus integrantes o personas que se niegan a pagar por protección o uso de calles. Según Molina las verdaderas guerras de control territorial son bastante duras y sanguinarias. Duran días y terminan con decenas de muertos. Las guerras son las que elevan las tasas de homicidios sobre los 10 casos por 100 mil habitantes, lejos de los siete que tuvimos en Chile en 2023, aunque es claro que avanzamos hacia allá ignorando las alertas enviadas por expertos o por países que han sufrido este flagelo.
El control territorial de las bandas es muy parecido a un cáncer. Parte en un sector puntual, que en las ciudades son los barrios más pobres y segregados, donde mataron a Agustina. Se ramifica y crece alimentado por la indiferencia, y luego se mueve hacia los centros, los puertos y las fronteras hasta hacerse intratable. Eso es México, Colombia y Ecuador, y para allá vamos en Chile mientras nuestras elites políticas y empresariales, arreglan el país en la casa de Zalaquett apelando al diálogo y la sabia moderación, con la mirada puesta en un largo plazo que probablemente nunca llegará.
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