Por Iván Poduje, arquitecto

La expresidenta Bachelet marcó un punto de inflexión en la agenda ambientalista, cuando decidió contradecir a su ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, diciendo que el crecimiento económico no podía ser a costa de la sustentabilidad, a raíz de la paralización del proyecto Dominga, lo que terminó con la salida de todo el equipo económico del gobierno. Los ambientalistas habían ganado un gallito épico. Era el triunfo de un David bueno y progre, personalizado en Marcelo Mena, sobre un Goliat tecnócrata y neoliberal.

El gobierno actual quiso seguir este legado. El programa del Presidente Boric era una copia de las recomendaciones de la ONU sobre el desarrollo sustentable, lo que implicaba aumentar las regulaciones sobre actividades económicas, además de cambiar el vilipendiado modelo “extractivista”. Esta agenda también se impuso en la Convención Constituyente, en una versión más radical, alineada bajo el concepto del “decrecimiento” que pone a la naturaleza y los animales sintientes, por encima de las personas, sus salarios o bienes.

No fue raro entonces, que la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, impulsara su ley de protección de la Biodiversidad que implicaba congelar o impedir el desarrollo de actividades en los mares del sur. Su anunció fue celebrado por organismos internacionales, académicos e incluso por sectores empresariales que no se verían afectados. El gobierno parecía anotarse un legado potente, hasta que los trabajadores del salmón se enteraron. Primero hicieron ver su molestia por los canales tradicionales, pero el gobierno se negó a ceder. A medida que los reclamos subieron de tono, el gobierno intentó explicar que los empleos del salmón no se verían afectados, pero los trabajadores ya habían perdido la paciencia y salieron a la calle en varias ciudades del sur, congregando a cerca de 12 mil personas. “Dejen de gobernar desde Ñuñoa” fue el recado que les mandó el senador Fidel Espinoza. En pocos días, el Congreso terminaría por enterrar el proyecto estrella de la ministra Rojas.

Esta revuelta no es la primera donde los ciudadanos salen a la calle para protestar en masa. Lo hicieron en Iquique debido a la migración descontrolada y lograron torcer la agenda del gobierno que pasó de garantizar la migración como derecho humano, a militizar las fronteras en una de sus clásicas volteretas. El día de la cuenta Presidencial un pequeño grupo de pobladores decidió colgarse sobre una autopista por un problema con la entrega de sus viviendas sociales. Si bien fue un hecho puntual, este problema está muy extendido. Me ha tocado ver la indignación de las familias que esperan siete o 10 años, ante funcionarios completamente indolentes.

Pero sería injusto cargarle todo el problema al gobierno. Este malestar es con Ñuñoa, pero también con Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. La molestia es con toda la clase política, las empresas y los medios de comunicación que usan los dramas sociales para subir el rating de sus matinales, lo que explica su desplome en las encuestas. Pero los cuestionados parecen no acusar recibo. Incluso desconocen los resultados de dos elecciones. El 4 de septiembre castigaron a la izquierda por un pésimo proyecto constitucional y el 7 de mayo a la centroderecha por seguir con este proceso sin preguntarle a nadie. Esta porfía constituyente puede ser soportable si la economía anda bien y los delitos no se salen de control, pero si ocurre lo contrario el clima se pondrá muy tenso.

Es probable que gane el Rechazo por segunda vez, y que la molestia se derive directamente a la calle como ocurrió con el salmón y la inmigración, sumando a los comités de allegados, víctimas de la delincuencia, trabajadores del retail o los pacientes que quedarán en el aire si las isapres quiebran mientras nuestras élites, de Ñuñoa a Vitacura, reflexionan sobre el Estado subsidiario versus el Estado social y democrático de derechos.