Por Iván Poduje, arquitecto
En 10 días se cumplirán tres años del 18 de octubre de 2019, que suele marcarse como el inicio del “estallido social”, luego que estudiantes radicales, parecidos a los que atacan regimientos, se coordinaran para evadir estaciones de Metro por el alza del pasaje en 30 pesos. Lo que partió casi como una travesura con el salto de torniquetes, terminó con multitudes reventando puertas y destruyendo a martillazos cajeros y boleterías.
Pero eso solo fue el comienzo de la pesadilla. El 18 en la noche, siete estaciones de Metro ardieron en La Florida, Puente Alto y Maipú, afectando la movilidad de dos millones de capitalinos. Dos días después, otras 18 estaciones recibirían ataques incendiarios y 93 quedaron con daños de diversa consideración, que le costaron 255 millones de dólares a los contribuyentes. Pero el perjuicio no fue solo económico. La fractura de la columna vertebral de Santiago desestabilizó la ciudad completa y generó un efecto dominó de enajenación y anomia que se extendió a regiones, arrasando con supermercados, museos, templos y espacios públicos.
¿Por qué se celebra el 18 de octubre, entonces? Cuesta entenderlo si, además, consideramos que en los seis mil hechos de violencia murieron 34 personas y 11.200 resultaron heridas, incluyendo a casi 2.000 carabineros. Tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), como dos organismos internacionales, concluyeron que agentes del Estado fueron responsables de graves violaciones de derechos humanos, pero no pudieron acreditar que estas fueran “sistemáticas”, vale decir, que obedecieran a una planificación orquestada por el gobierno para torturar y asesinar opositores.
Hoy sabemos que políticos del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) presionaron al INDH para que mintiera diciendo que sí existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Y cuál era el objetivo del engaño? Nada menos que quebrar la democracia y destituir al Presidente de la República, lo que casi logran mediante una acusación constitucional que contó con el voto del entonces diputado Gabriel Boric. Tres años después, el actual Presidente no ha acusado formalmente a ninguna ex autoridad política o mando militar por estos supuestos crímenes de lesa humanidad, lo que demuestra que nunca existieron.
Pese a ello, el argumento de las violaciones a los DD.HH. fue usado una y otra vez para limitar la capacidad de las policías para controlar saqueos, delitos o flujos migratorios irregulares. Esta actitud irresponsable que, además, usó electoralmente un drama especialmente doloroso para Chile, creó un clima de impunidad donde golpear o insultar carabineros se volvió costumbre, sin costo alguno para el infractor, lo que explica en buena medida, la crisis de seguridad y orden público que nos afecta hoy.
Tampoco podemos olvidar a los intelectuales que compararon el estallido con la Revolución Francesa y que idealizaron la violencia diciendo que era necesaria para “parir” un proceso constituyente que nos llevaría a un país más justo y prospero, lo que nunca ocurrió. La Convención estuvo muy lejos del “arco iris diverso” que encandiló a connotados periodistas y la Constitución que redactaron fue rechazada masivamente por los chilenos por su afán revanchista y refundacional.
¿Qué nos deja entonces el estallido? Además de pérdidas humanas, quedamos con centros históricos dañados y ciudades más segregadas que tardaremos años en recuperar. Otro legado es un cuerpo de Carabineros que iba a ser refundado, pero que ha terminado disminuido y replegado, lo que ha permitido que bandas criminales aumenten su control territorial, mientras el narco sigue creciendo como un cáncer en ciudades y nuevos campamentos del tamaño de las favelas brasileñas.
Pero los octubristas no acusan recibo. Siguen idealizando su revuelta y pretenden iniciar otro proceso constituyente, sin reparar las deudas sociales que dejaron con el primero. Y ahora no están solos. Han sumado a políticos e intelectuales de derecha, que luego de hibernar en la campaña del Rechazo, volvieron para dibujar este nuevo país, sin enredarse con los asuntos mundanos que afligen a los chilenos, como llegar a fin de mes o evitar que un delincuente nos arrebate la familia de un balazo. Así estamos a tres años del estallido.
