Por Iván Poduje, arquitecto

El gobierno de Gabriel Boric quedará marcado por el escándalo de corrupción de los convenios, que ya suma $ 18 mil millones distribuidos en 47 fundaciones. Pero el principal perdedor será la descentralización. El protagonismo de Revolución Democrática y su fundador Giorgio Jackson han opacado el lamentable rol de los gobiernos regionales (Gore) que concentran la mayoría de los recursos investigados.

En otra columna comentamos que los gobernadores se han transformado en figuras decorativas debido a sus escasas atribuciones, y todo indica que este problema también ha sido un caldo de cultivo para la corrupción. Desde que fueron electos por voto popular, los jefes regionales han tenido severos problemas para gastarse la plata que tanto reclamaban. Así que antes de devolverla a Hacienda, optaron por asignarla a tontas y a locas, lo que fue aprovechado por operadores, parientes o amigos para crear fundaciones de un día para otro –las “callampas”- o ampliar el giro de las que tenían, las “renacentistas”.

También se entregaron recursos a municipios que usaron su propia red clientelar para llevarse la plata de los contribuyentes, como ocurre en el caso " CultiVarte”, donde el alcalde de Coronel habría beneficiado a una fundación de su cuñado con recursos provenientes del Gore de Biobío, que hoy es el epicentro de los casos más vergonzosos, que de ser efectivos, debieran terminar con la renuncia del gobernador Rodrigo Díaz.

Pero el robo de recursos públicos desde los Gore tiene larga data. Un caso emblemático es Valparaíso, donde el ex jefe de gabinete de un intendente estuvo en la lista de los más buscados por la PDI en 2014. En esta región, golpeada por la pobreza y el desempleo, se robaron $ 5.000 millones en los casos “Intendencia”. La plata se licuaba a través de proyectos pequeños, solicitados por los Consejeros Regionales (Cores), que son una suerte de parlamento que representa a los municipios. ¿Cuál era el mecanismo? Un Core corrupto pedía recursos para llevar a los adultos mayores a El Quisco por un fin de semana. Duplicaba el presupuesto real del pasaje, alojamiento y comida, y se repartía la diferencia con la empresa que prestaba el servicio.

Podríamos dedicar toda esta columna a profundizar irregularidades, pero la amenaza es tan grande, que estimo pertinente formular algunas propuestas que nos ayuden a salir de la crisis. Lo primero es exigir un plan de desarrollo regional para asignar los recursos que reciben los gobiernos regionales. Hoy existen instrumentos parecidos, pero no son vinculantes con el gasto. Por lo tanto, los Gore pueden elaborar sesudas estrategias para prometer competitividad y equidad territorial, y terminar financiando clases de zumba.

En segundo lugar, es necesario que este plan tenga proyectos de tamaño relevante, para evitar que la plata se atomice en miles de iniciativas que no generan ningún cambio y hacen más fácil el robo, ya que son muy difíciles de fiscalizar. Estos grandes proyectos debieran abarcar -como mínimo– el 60% del presupuesto regional, con programaciones a cuatro años plazo, cuyo avance pueda ser verificado por los vecinos y las contralorías regionales.

Solo un tercio del presupuesto regional podría destinarse a servicios provistos por terceros, siempre que tengan un giro único y se vinculen al plan de desarrollo. Como ejemplo, si un Gore financia la construcción de un polideportivo con piscina temperada por $ 3.000 millones, puede firmar convenios con fundaciones con experiencia acreditada en la promoción del deporte o la protección de la infancia, que aporten profesores o monitores para el polideportivo.

El traspaso de recursos y atribuciones debe condicionarse al cumplimiento de medidas que demuestren que la descentralización beneficia a los vecinos de las regiones, y no a los amigos o parientes de los gobernadores, como parece indicar el fiasco que hemos conocido.