Por Iván Poduje, arquitecto
El 27 de marzo de 2012, Daniel Zamudio fue torturado y asesinado a golpes solo porque era gay, lo que marcó un hito en el historial de violencia homofóbica de Chile. El hecho ocurrió en el perímetro norte del Parque San Borja, justo donde la reja del parque va sobre el muro de contención de una calle que llega a los edificios de la remodelación San Borja.
El lugar del crimen se transformó en un pequeño memorial de Daniel Zamudio y el muro de contención en un museo abierto de la diversidad sexual, que era poco conocido hasta el lunes pasado, cuando el colectivo “Ojo Porno” pintó un grotesco mural con escenas de sexo explícito en una zona visitada por niños. El dibujo tomó horas en hacerse, ante la mirada atónita de los vecinos y la complicidad del municipio de Santiago que, aunque no auspició el mural, no tomó ninguna medida para detenerlo a tiempo.
Sólo cuando la polémica escaló en redes sociales, la alcaldesa Irací Hassler condenó el hecho y se comprometió a conversar con “los y las autoras” del colectivo Ojo Porno, que lejos de pedir disculpas, validaron su acción y solo taparon las zonas más explícitas. Ante ello, otro grupo le tiró pintura blanca al mural, lo que obligó al municipio a taparlo por completo. Si bien esto sacó el tema de la agenda, la polémica permite ilustrar dos conductas de las autoridades que han puesto en riesgo nuestro patrimonio urbano y la convivencia nacional.
La primera es el endiosamiento del laissez faire (“dejen hacer, dejen pasar” en francés), que es como se conoce en economía a la desregulación de conductas individuales con una mínima intervención del Estado. Solo así se entiende la pasividad de Hassler ante una acción de un grupo pequeño, que vulneraba los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes. Pero no es un caso aislado. Basta recorrer la comuna de Santiago o Valparaíso, para ver como el laissez faire urbano crece como plaga, ya que cualquier persona o colectivo se siente con la libertad de rayar, vandalizar y destruir espacios públicos y monumentos, o usarlos como baños, basureros y áreas de negocio para vender mojitos o libros pirateados. La paradoja es que los alcaldes de Valparaíso y Santiago se dicen de izquierda y claman por un Estado fuerte, pero no toman ninguna medida para proteger a sus vecinos de estos “individualistas tendiendo a lo salvaje”, que fue el nombre inventado por Camilo Gajardo cuando mandaba bombas haciéndose pasar por grupo eco terrorista.
La segunda lección del mural porno es el abuso del dialogo para resolver controversias que requieren una acción inmediata y decidida del Estado. En vez de conversar con los autores del mural y agrandar la crisis, el municipio de Santiago debió haber mandado una cuadrilla para borrarlo de inmediato.
En un tema mucho más serio, el abuso del concepto del dialogo ha sido un error de la ministra Izkia Siches para enfrentar el drama social que se vive en la Araucanía donde grupos terroristas asesinan trabajadores y policías para ganar control territorial, es decir, para empujar sus agendas individuales.
¿Cómo se puede conversar con personas que cometen delitos tan graves y que amenazan a la propia ministra a balazos? En un acto de Icare, Siches puso como ejemplo los diálogos con ETA o las FARC, pero omitió la batalla que les dieron a estos bandidos los gobiernos de España y Colombia, quitándole arsenales y arrestando a cientos de criminales. Solo cuando los terroristas vieron diezmado su poder de fuego, se sentaron a la mesa a conversar. Nada de ello ocurre en Chile con la CAM o la RML. El laissez faire chileno-progresista ha llegado a niveles tan extremos que el Estado no solo los deja actuar en completa libertad, sino que podría premiarlos con beneficios especiales en la nueva Constitución. Basta que estos grupos se autodefinan como pueblos originarios para que puedan aspirar a una justicia distinta o penas que no incluyan pasar años en la cárcel como la enorme mayoría de los chilenos.
Esta contradicción debe resolverse. La izquierda debe definir si está por el laissez faire o por un Estado fuerte, que nos proteja de los abusos de empresas, pero también de estos individualistas tendiendo a lo salvaje que en su versión light hacen dibujos de sexo explícito en parques y que en su derivada hardcore-racista, disparan a padres con hijos y amenazan familias con quemarlas vivas. En ambos casos buscan empujar sus agendas individuales, pasando por encima del bien común y vulnerando los derechos de los más débiles, como los niños que deben convivir con sus brutalidades, mientras el Estado mira para el lado.
