Vania Rodríguez vive en la población Santo Tomás de La Pintana, en unos bloques de cuatro pisos construidos a mediados de los 80. Hace algunas semanas estuve visitando los edificios y concluí que su estado de conservación era deplorable. Las losas de las terrazas estaban deformadas, con su enfierradura a la vista y oxidada, igual que las escaleras. La humedad se filtraba por muros y losas, y se sentía como una nube helada cada vez que uno entraba a un departamento, de 40 metros cuadrados, y que en un tercio de la villa, tiene problemas de hacinamiento.
Sergio y su mujer viven en uno. Recibieron a su hija mayor, con su pareja y sus dos hijos, pero no podían compartir mucho el espacio ya que Sergio quedó postrado luego de sufrir un infarto cerebral. Como viven en el cuarto piso del bloque, deben pedir ayuda de los vecinos para subirlo y bajarlo en brazos por estas escalas oxidadas, para ir a su tratamiento o tomar algo de sol. Como esto ocurre poco, Sergio pasa gran parte del día en un dormitorio mirando por su ventana un enorme sitio eriazo ubicado al sur de la villa. Es el fundo La Platina, de 250 hectáreas perteneciente al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), una entidad que depende del Ministerio de Agricultura.
La municipalidad de La Pintana junto al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu) han pedido este predio para construir viviendas y bajar el hacinamiento de Santo Tomás y otras poblaciones de la zona sur de Santiago. El INIA se negó una y otra vez, ya que quería “un precio de mercado” por la propiedad. Pasaron más de 20 años, hasta que por fin se firmó un acuerdo entre ambas entidades para construir viviendas. Pero el INIA no entregó todo el suelo. Se quedó con la mejor parte, incluyendo el potrero que Sergio mira desde su ventana y donde espera obtener “el precio de mercado” y hacer el negocio de su historia.
En Peñalolén, hay 10 focos de hacinamiento y varios se localizan en la población La Faena, que enfrenta un predio eriazo de 22 mil metros cuadrados del Banco Estado que está abandonado hace varios años. Los vecinos sin casa de La Faena se organizaron en comités de vivienda, pero llevan años esperando ya que el Minvu no encuentra terrenos en Peñalolén. ¿Y porque no usa el del Banco Estado? Porque esta institución fiscal, igual que el INIA, quiere hacer un negocio inmobiliario. Pero quien se lleva el premio mayor en estos juegos de Monopoly es la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), que tiene deudas por US$ 2.000 millones que jamás podrá pagar con sus ingresos. Si fuera privada EFE estaría quebrada, pero como es pública se salva con la plata de los contribuyentes. Sin embargo, EFE se comporta como inmobiliaria privada cuando se trata de administrar los terrenos que no ocupa. Los vende a arrienda, igual que el INIA o el Ejército de Chile o la Armada, que son famosos por sus grandes operaciones inmobiliarias en Escuela Militar o Viña del Mar.
No es primera vez que cuento la historia de los sitios fiscales abandonados y cada mes que pasa encontramos más predios y más vecinos sin casa indignados y con razón. Afortunadamente, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu) decidió agrupar estos terrenos en un “banco de suelo” para destinarlos a proyectos habitacionales, pero se topó con un problema insólito: los organismos públicos han decidido vender sus terrenos a “precios de mercado”. Incluso el Ministerio de Bienes Nacionales exigió esta condición, salvo que el Minvu le entregue propiedades por un valor equivalente, y como no pudo hacerlo en todos los casos, Bienes Nacionales tiene propiedades abandonadas en comunas como La Reina o Lo Barnechea, donde existen más de 4 mil familias sin casa.
¿Qué sentido tiene que un ministerio le pague a otro si la plata sale del mismo lugar? Por supuesto que no lo tiene y con un agravante: el tiempo que se demora el Estado en sacar la plata de un bolsillo para meterlo en otro, son años de espera para las familias sin casa. Esta locura debe terminar. Con la magnitud de la crisis habitacional que enfrentamos, el Minvu debe disponer de todos los terrenos fiscales sin pagar un peso, para que los recursos sean destinados a construir buenas viviendas, con servicios, áreas verdes y juegos infantiles. El traspaso debe incluir al INIA, EFE, Banco Estado y las FF.AA., ya que estos organismos reciben recursos fiscales para funcionar, así que no es aceptable que sigan sociabilizando sus costos y privatizando sus ventas, mientras 600 mil hogares viven hacinados.
