Por Iván Poduje, arquitecto
SR: “En un rato les enviaremos el fundamento de la votación del proyecto Egaña Sustentable. Ahora lo está revisando el abogado”.
RA: “Estoy buscando argumentos para rechazar, pero de momento, lamentablemente no tengo”.
SR. “Nosotros podemos observar lo del sombreamiento y refracción de la luz”.
CM: “Sí, por acá también rechazaremos, me dicen que yo tengo más margen para hablar”.
Este dialogo, publicado por La Tercera, relata la estrategia seguida por dos secretarias regionales ministeriales y una delegada presidencial (CM) para detener un proyecto inmobiliario que tenía todos sus permisos, pero que no era del gusto de la alcaldesa de Ñuñoa.
El resquicio del “sombramiento” funcionó. La Comisión de Evaluación Ambiental dirigida por la Delegada detuvo la obra por casi un año, hasta que la Corte Suprema revirtió esta medida. Pese a la contundencia del fallo, y a los empleos y recursos que se perdieron por esta acción arbitraria e ilegal, todos los funcionarios que cranearon el resquicio siguen en sus cargos.
En Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti también ha frenado proyectos con permisos. Su última paralización afectó a dos edificios que combinan viviendas sociales con departamentos de clase media. ¿La razón? alteraban un “humedal”, que es un cuerpo de agua protegido por la ley ambiental, y que fue descubierto cuando los edificios ya estaban en construcción, dejando en el aire a los obreros y a las familias que estaban esperando sus viviendas sociales.
Mientras ello ocurre con un proyecto que cumple con las reglas, el mismo municipio de Viña del Mar permite que se levanten miles de viviendas sin ningún permiso en tomas de terrenos ubicadas en zonas de riesgo, que alteran quebradas y áreas verdes protegidas, producen impactos viales y ambientales y exponen a los ocupantes a incendios o derrumbes.
Esta distorsión del rol regulador del Estado genera varios efectos perjudiciales. Frena inversiones que podrían activar la economía, crear empleos o renovar sectores deprimidos de las ciudades. En segundo lugar genera un cuello de botella que eleva artificialmente el déficit habitacional lo que explica, en parte, por qué el ministro Montes no ha podido cumplir con las metas de construcción de viviendas sociales. Otro problema de la paralización arbitraria de proyectos, es que incentiva el tráfico de influencias. Como los argumentos usados para detener una obra son muy subjetivos - como el famoso sombramiento de Ñuñoa- estos pueden cambiar de blanco a negro si la empresa afectada tiene asesores bien conectados con las autoridades de turno.
La paralización también se presta para casos de competencia desleal entre privados. Un caso famoso se produjo en Valparaíso. El dueño de un mall que se estaba construyendo en la zona patrimonial era socio de una agrupación ciudadana cuyo líder – conocido como “el viejo pascuero” de los paralizadores - se dedicó a frenar otro centro comercial que competía con el de su mecenas, al que nunca cuestionó por los impactos viales y patrimoniales que generaba su mall. Otras Organizaciones No Gubernamentales (ONG) exigen compensaciones económicas a los titulares de los proyectos para poder interactuar en igualdad de condiciones.
Pero los grandes beneficiados por los paralizadores son las mafias que se toman terrenos o construyen sin permisos, sabiendo que no existen suficientes inspectores o carabineros para desalojar una usurpación. La demanda por estos servicios ilegales se ha disparado en los últimos años y por razones obvias. Imagine que usted lleva 10 años esperando su vivienda con el subsidio otorgado. Finalmente logra asociarlo a un proyecto. A los dos años se comienza a construir, pero es blanco de un paralizador y vuelve a fojas cero. Su vecino paga menos que el subsidio por un terreno más grande en una toma. Se lo entregan de inmediato, sin tramitación y hasta con una vivienda sin recepción final. ¿Suena mejor cierto? Bueno por esta razón nuestras ciudades están creciendo sin control, afectando los equilibrios ambientales que los paralizadores dicen defender.
