Por Iván Poduje, arquitecto
Carabineros es el último bastión del Estado, pero en demasiadas comunas se encuentra trabajando en condiciones muy precarias, con crecientes conflictos con la comunidad. Muchos vecinos sienten que llamar al “133” es una pérdida de tiempo, ya que la respuesta toma horas o días, si es que llega. Es un hecho que los policías salen menos por el riesgo de ser atacados por bandas con alto poder de fuego y desde el estallido es común que los carabineros sean increpados o apedreados si hacen patrullajes en zonas conflictivas. Además, como las licencias médicas se dispararon, las dotaciones se han visto reducidas y los carabineros en servicio arriesgan su expulsión si usan sus armas para repeler ataques o delitos, lo que opera como incentivo para no atender llamados.
Los más beneficiados con este repliegue son los delincuentes, que han aumentado su poder territorial y que en muchos barrios cumplen funciones propias de un gobierno, como proteger a vecinos, financiar bautizos o resolver disputas. Esta mezcla es fatal y puede ser un caldo de cultivo para la corrupción, ya que policías débiles terminan haciendo pactos de no agresión con las bandas, lo que es el paso previo a trabajar para ellos.
Otro factor que complica la acción policial es la enorme burocracia que existe al interior de Carabineros. Los plazos para reparar un radiopatrullas son tan largos, que muchos policías evitan mandar sus vehículos a los talleres institucionales. Los arreglan ellos o estiran su vida útil, operándolos en malas condiciones. Esta semana estuve en un barrio de Puerto Montt y el único carro disponible ya no puede subir cuestas, dejando en la indefensión a los vecinos de los cerros. Lo mismo ocurre en el sector norte de Recoleta, así que ante un delito flagrante los vecinos deben agachar la cabeza y rezar para que todo termine pronto.
La burocracia también afecta la construcción de nuevos cuarteles o la reparación y ampliación de los existentes. Muchos carabineros trabajan hacinados en edificios antiguos, sistemas precarios para protegerse de ataques. En una comisaría del centro de Puente Alto se usan cholguanes para proteger las ventanas, mientras que en los recintos policiales de Parinacota, Quilicura o San Luis, Maipú, los perímetros se refuerzan con barreras de cemento “New Yersey” apiladas una sobre otra, como si se tratase de una trinchera improvisada. Pero hay situaciones críticas como la subcomisaría El Castillo de La Pintana, donde los propios carabineros deben trabajar como albañiles para ampliar comedores y baños, y recibir el personal de refuerzo.
Nada de esto se percibe en los barrios acomodados donde viven muchos políticos, intelectuales que definen la agenda de asuntos públicos, y algunos generales con poca sintonía con los problemas cotidianos de su tropa. Acá los policías son alabados por vecinos de derecha y criticados por los de izquierda, pero ambos tienen la suerte de recibir ayuda si llaman al 133 o seguridad ciudadana. En cosa de minutos llegan decenas de guardias municipales con modernas motos y furgones con sirenas y balizas. Por supuesto que acá no vemos funerales narco u operaciones Deyse en jardines infantiles para proteger a los niños de las balas locas.
Esta realidad paralela, que es otra expresión de la segregación urbana, explica porqué la seguridad ciudadana nunca aparece dentro de las prioridades de las élites. Y si se toca, el simplismo es la tónica. Desde la derecha se pide “mano dura contra la delincuencia” y desde la izquierda “refundar Carabineros”, pero en ninguna de estas posiciones extremas se precisan plazos o medidas para resolver los problemas prácticos que describí en esta columna o para dar certeza y tranquilidad a los millones de chilenos que viven aterrados en sus barrios.
Pero la cosa podría empeorar. Este año las postulaciones a las escuelas de carabineros bajaron a su mínimo histórico y la institución tendrá dificultades para llenar sus cupos. Esto podría bajar las barreras de ingreso y reducir los años de formación, sacando a la calle a policías inexpertos o con vínculos criminales como ha ocurrido en Brasil o Centro América. Si ello ocurre, la segregación policial se acentuará. Tendremos un país vulnerable atendido por “pacos malos” y otro desarrollado, protegido por “pacos buenos”, apoyados por cientos de guardias municipales o privados. Adivine donde dormirán los iluminados que exigen mano dura o refundaciones sin plazos ni sentido de urgencia.
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