Columna de Iván Poduje: ¿Para qué sirven los gobernadores?

Lanzamiento Campaña “Levántate contra el Acoso”
Gobernador Claudio Orrego, junto al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Foto: Diego Martín/Agencia Uno.


Por Iván Poduje, arquitecto

Tal como advertimos en otra columna, los gobernadores regionales terminaron igual que esos viejos leones de circo pobre: sin dientes ni uñas, con cuerpos famélicos y una melena raída que da más pena que susto. A excepción de Rodrigo Díaz en el Biobío, que ha defendido a sus electores del terrorismo, estas nuevas autoridades se han transformado en actores irrelevantes para el desarrollo de sus regiones.

Hemos llegado al extremo de ver gobernadores reclamando en redes sociales por la delincuencia o el orden público como un ciudadano común, ya que no tienen ninguna incidencia en las políticas o programas de seguridad ciudadana. Tampoco tienen control sobre los planes de vivienda, los recursos hídricos, el tratamiento de los desechos, la infraestructura sanitaria o el transporte público.

Se supone que esto no pasaría con Gabriel Boric. En su programa de gobierno el Presidente fijó la descentralización como su tercera gran prioridad, luego del Feminismo y la Transición Ecológica Justa, y se comprometió a eliminar la figura del “delegado presidencial” para traspasar sus competencias a los gobernadores electos. Pero nada de ello ocurrió y creo que fue por las mismas razones de siempre. Los Presidentes son hinchas de la descentralización hasta que llegan a La Moneda. Entonces se engolosinan con el poder, y lo sueltan con gotario, delegando funciones simbólicas e intrascendentes, para quedarse con el control de la billetera en la poderosa Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Cuando las presiones aumentan, los gobiernos nacionales crean alguna mesa para sentar al gobernador a opinar sobre lo humano y lo divino. Otra estrategia dilatoria es armar comités y comisiones para conversar sobre el borde costero, los campamentos o el fomento productivo. Muchos seminarios, viajes al extranjero, consultorías e informes cuyas conclusiones no son vinculantes con las decisiones que se toman desde el nivel central.

Los gobernadores tampoco han hecho mérito para aumentar su poder. Salvo excepciones, no han presentado planes para impulsar el desarrollo de sus regiones y orientar las decisiones de los ministerios. Cuando hablo de “planes” no me refiero a un Power Point, o una página web con frases sacadas de un taller de coaching, que sí abundan. Un plan regional debe tener proyectos con evaluaciones sociales, fuentes de financiamiento y un cronograma de materialización que puede ser conocido y auditado por la ciudadanía.

Pero hay algo mucho más grave: los gobernadores no se gastan todos los recursos que tienen. Según un informe de la Dirección de Presupuestos, al mes de agosto de este año, las gobernaciones habían ejecutado sólo un 39% de su presupuesto. Esto como promedio, ya que en Antofagasta el índice es de apenas un 28% y en Arica de un 31%, pese a los enormes problemas que tienen debido a la presión migratoria o el aumento de los delitos violentos. En las regiones con grandes áreas metropolitanas, la única que destaca es Biobío, con un 57% de ejecución de su presupuesto, versus el 39% que tiene Santiago y el 38% de Valparaíso.

A este ritmo es probable que en diciembre varios gobernadores tengan que devolver plata que no se gastaron, lo que sería imperdonable considerando el momento que vive el país. Estos problemas fueron advertidos cuando Michelle Bachelet creó el cargo. Al comienzo, la Presidenta quería un gobernador con atribuciones fuertes, pero la idea no fue del agrado de los senadores, que no querían una figura política que les pudiera hacer sombra. Así que guardaron sus discursos a favor de la descentralización, y comenzaron a operar para trancar el proyecto de ley y sacarle al nuevo león regional los dientes, las uñas y buena parte de su melena.

Es difícil que esta situación cambie en este gobierno. El Presidente Boric tiene suficientes problemas como para agregar otro nuevo, derivado del traspaso de competencias con una marcha blanca que siempre es conflictiva, especialmente si involucra temas tan sensibles como el orden público, la vivienda o el control migratorio. Por lo tanto, temo que los gobernadores seguirán agrandando la burocracia estatal, sin que nadie sepa bien qué es lo que hacen y para qué diablos sirven.