Por Iván Poduje, arquitecto.

Se supone que la primera propuesta de Constitución resolvería los problemas que reventaron en octubre de 2019, pero su real intención era enterrar el modelo neoliberal y consagrar la plurinacionalidad, y ese engaño incidió en el masivo rechazo del 4 de septiembre. Lamentablemente la clase política podría repetir ese error, pero en un contexto social más crispado. Ahora buscan cambiar el “sistema político” y generar un acuerdo entre las élites. Como nadie entiende estas abstracciones, los candidatos terminaron prometiendo seguridad, control migratorio y mejores pensiones, es decir, temas alejados del ámbito de competencias de una Constitución.

¿Qué ocurre si la población se da cuenta del nuevo engaño? Es un riesgo enorme. Agregue la posibilidad que el Consejo no sea la tasa de leche que prometen. El consenso se ve difícil cuando se discutan temas peliagudos como el aborto o la libertad de elegir salud y educación. Por otro lado, nada garantiza que Apruebo Dignidad respete las reglas del juego -ahora llamadas “bordes”- como lo hizo en la Convención anterior, alterando las cuotas de los pueblos originarios. Es muy ingenuo -para no usar una palabra impublicable- pensar que esto se arregla con un comité de admisibilidad, siendo que estos jóvenes violaron la Constitución con los retiros y prendieron la calle para botar un Presidente.

¿Entonces qué podemos hacer para evitar otro fracaso? La única salida es cumplirle a la gente. Respetar lo que se vienen prometiendo desde el 19 de octubre y hacerlo mucho antes de los 7 o 10 años que demorará una Constitución en estar operativa. ¿Es posible? Por supuesto que sí. Lo han demostrado las fundaciones Astoreca, Nocedal o la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) mejorando la educación en barrios vulnerables. También lo hizo el Estado antes de ponerse a refundar pirámides. Ahí está la vivienda social sin deuda de Lagos, el “Quiero mi Barrio” de Bachelet o la PGU de Piñera.

Para esto hay que salir de los centros de estudio para desplegarse en los barrios. Hablar menos y escuchar más. Ofrecer respuestas concretas, con metas auditables para recuperar la confianza. Se requiere de un gran esfuerzo público-privado para empujar el empleo y mejorar la relación con los trabajadores. Este debiera ser el acuerdo entre las élites, y no un coaching para que se insulten, lloren y terminen abrazados diciendo que se quieren desde el colegio.

Veamos cómo avanzar entonces. En otra columna comenté que podemos aumentar el número de carabineros en las calles con medidas administrativas que no requieren más dotación o grandes recursos. ¿Por qué no partimos este año con las 50 comisarías más complejas? También es posible quitarle espacio al narco, si levantamos centros cívicos con servicios, escuelas y jardines infantiles, para que las mujeres –que sostienen miles de hogares- tengan verdadera libertad para trabajar y desarrollarse.

Tenemos que recuperar el sueño de la casa propia, porque no existe nada más potente para mirar el futuro que un pedazo de tierra que te pertenece. ¿Cómo lo hacemos sin reformar el sistema político? Dividiendo el subsidio habitacional en dos: una mitad para comprar un sitio y otra para construir la vivienda. En un año podríamos subdividir 250 mil sitios que podrían ser asignados a familias o comités, con escritura, y la debida seguridad que debe brindar el Estado para que no se tomen los terrenos. Ya siendo propietario, puedes esperar con otro ánimo la vivienda terminada y en aspecto también tenemos que innovar. No es posible que se sigan entregando solamente departamentos sociales en edificios de cuatro pisos sin ascensor. Tenemos que masificar la casa con patio y con parrón, como lo hizo Frei Montalva hace 60 años, en un país más pobre, pero menos enrollado. Si aplicamos esta lógica a las listas de espera en la salud, el control de las fronteras o los liceos emblemáticos, entregaremos señales concretas de bienestar. Cumpliremos lo prometido y reduciremos el riesgo de un nuevo Rechazo, aunque bien merecido lo tendrían los promotores de este nuevo proceso por anteponer sus glorias personales al beneficio de la gente que les paga sus salarios.