Columna de Iván Poduje: Recuperar la Ciudad Prohibida
Por Iván Poduje, arquitecto
La crisis de la comuna de Santiago es terminal y no se resolverá con medidas cosméticas como pintar fachadas o hacer copamientos policiales con prensa que duran algunos días o incluso horas. Tampoco se arreglará con las volteretas discursivas de la alcaldesa Hassler o con su destitución, que será usada por su partido para victimizarla por ser comunista y mujer.
Acá las víctimas son los comerciantes que pagan impuestos, los 500 mil vecinos de la comuna y los casi dos millones que la visitan a diario. También los capitalinos que vemos cómo nuestro centro histórico se ha transformado en una suerte de “ciudad prohibida”, agresiva, insegura, deprimente y desolada. Por ello, en esta columna quisiera proponer algunas medidas acordes con la magnitud del problema.
Para ello debemos partir por la inmigración, ya que entre 2017 y 2022 la comuna de Santiago sumó 140 mil habitantes extranjeros y ninguna ciudad está preparada para un crecimiento de esta magnitud en tan poco tiempo. Necesitamos caracterizarlo mediante un censo que permita saber cuántos inmigrantes viven en condiciones de vulnerabilidad, cuántos niños están expuestos a explotación laboral, cuántas viviendas han sido subdivididas de manera irregular y cuántas personas se encuentran trabajando sin documentos o con causas judiciales que ameritan su deportación.
En paralelo debemos cortar la cadena de suministro del comercio informal que suele estar asociada a mafias que controlan calles y veredas. El Ministerio Público debe asignar fiscales con dedicación exclusiva para perseguir estos delitos y que vayan mostrando resultados concretos a la ciudadanía. Necesitamos ver cómo se clausuran bodegas, se requisan camionetas y productos robados o falsificados. Una vez que se corte el vínculo con las mafias, podremos regularizar a los comerciantes informales, darles alternativas de empleo o relocalizarlos como se hizo hace años en el persa Bío Bío.
¿Cómo evitamos que el comercio informal rebrote? Con la crisis de seguridad que sufre el país, es imposible que Carabineros lo resuelva. Necesitamos un cuerpo de policía municipal que ayude, tomando el modelo de París, que consiste en entrenar inspectores, equiparlos con armas no letales y especializarlos. Un equipo dedicado a controlar el comercio informal, que debiera tener –como mínimo- 200 funcionarios distribuidos en Ahumada-Puente, Mapocho, Meiggs y Franklin. Otro equipo desplegado en zonas residenciales afectadas por delincuencia como los barrios Brasil, Yungay, San Borja, San Alfonso o Matta Sur. Un tercer equipo entrenado en control de vandalismo y un cuarto en relocalizar personas en situación de calle, que debiera operar en los parques, bandejones y plazas.
Otro foco son los liceos emblemáticos donde la violencia ha escalado a límites inaceptables, comprometiendo una herramienta fundamental para la movilidad social. En esta materia la alcaldesa Hassler tiene un pasado que la condena, así que necesita dar señales contundentes. Debe nombrar un nuevo encargado que ponga como prioridad la disciplina y la excelencia académica, con atribuciones para expulsar a los alumnos violentos, como lo hizo Lilian Vincent en el Manuel Barros Borgoña. Además la municipalidad debe querellarse contra los adultos que adoctrinan niños y los usan como “carne de cañón”, incluyendo apoderados o docentes.
Sólo con una policía municipal entrenada y coordinada con carabineros, será posible abordar la recuperación de los espacios públicos sin que las obras se destruyan una y otra vez, como ha ocurrido con la reposición de semáforos, paraderos o mobiliario en las inmediaciones de Plaza Baquedano. Este barrio debiera ser la primera prioridad, al igual que Lastarria, donde ayudaría terminar el GAM e instalar un sistema de cámaras conectadas a la policía municipal en el Parque Forestal, para bajar los niveles de inseguridad.
Este plan cuesta plata y sus atribuciones trascienden el ámbito de competencia del municipio. Se necesita la participación del Gobierno Central que podría probar y luego replicar este modelo en el resto de las comunas donde vecinos y comerciantes sufren por la apropiación violenta de sus plazas, liceos, calles y espacios públicos.
