El rechazo del gobierno al tercer retiro de pensiones, ha generado airadas reacciones que recuerdan el clima previo al 18 de octubre de 2019. Las amenazas se suman, al igual que pequeñas detonaciones y llamados a derrocar el gobierno. El Partido Comunista anunció que se viene un segundo estallido y ha pedido la cabeza del Presidente. Otros partidos son menos explícitos, pero buscan lo mismo, embriagados por su fantasía bizarra del “parlamentarismo de facto”, mostrando nula empatía con una población que ha sufrido tres crisis en menos de dos años.
¿Se podría agregar una cuarta que termine en otro estallido social? Luego de escribir Siete Kabezas, puedo concluir que no existe ninguna organización capaz de planificar algo así. Incluso el Partido Comunista que tiene un despliegue potente en calles y gremios, es incapaz de activar una crisis de esa magnitud, y por ello sus intentos han terminado en petardos, paros y algunas barricadas. Otra cosa son las barras bravas, que fueron el músculo más fuerte de octubre, y por ello preocupa la celebración coordinada de la Garra Blanca disparando toneladas de fuegos artificiales en varias ciudades. Pero aún si se sumaran las barras, faltan cabezas relevantes, como los estudiantes radicales, que seguirán en sus casas hasta que la pandemia esté controlada, lo que reduce la capacidad de desestabilizar la ciudad.
La principal cabeza del estallido fue la pacífica, formada por clases medias y los sectores populares que han sido los más golpeados por la crisis sanitaria. Para muchos los fondos de pensiones se terminaron y hay deudas que no se resuelven entregando plata, como el hacinamiento, la segregación urbana, la inseguridad o los largos tiempos de desplazamiento. Estos problemas estuvieron en el origen del malestar que se acumuló por años hasta reventar, y aún no están resueltos.
Por ello preocupa la incapacidad de algunos líderes para entender el nuevo país que emerge luego de octubre. Es increíble que en plena pandemia, algunos políticos amenacen con romper la democracia si no se cumplen sus exigencias o que representantes empresariales califiquen las ayudas del Estado como “incentivos a la flojera” y que empresas de servicios se nieguen a ajustar sus tarifas, como ha ocurrido con las concesionarias de obras públicas.
Otra amenaza es la debilidad de las policías para controlar las cabezas más violentas, que ganaron mucho territorio en octubre, ayudadas por artistas, políticos o alcaldes vinculados al narco. Además de estar atrincherados en comisarías mal equipadas, los carabineros son descalificados institucionalmente por los delitos que cometen algunos funcionarios, lo que ha mermado su estima y la capacidad para controlar el orden público. Este riesgo no se percibe desde las zonas de confort donde viven quienes piden “refundar” Carabineros, pero es una amenaza enorme para las comunas donde las policías son el último eslabón del Estado.
Si bien las cabezas no están alineadas, estos factores podrían hacer que se vayan sumando y hay tres estrategias que debemos implementar para evitarlo. La primera es olvidarse del Congreso y su fantasía del cogobierno. En segundo lugar debemos desplegarnos en el territorio para escuchar a las personas, entender sus problemas y ofrecerles soluciones que alivien su carga. Tenemos que poner en pausa las grandes reformas y aplicar una estrategia de “acupuntura urbana” basada en implementar muchas inversiones en lugares claves, con una capilaridad que permita entregar bienestar a muchas personas en plazos breves. Como ejemplo, mientras se discute la modernización de las policías, podemos ampliar sus comisarías, construir cientos de retenes barriales como ha propuesto Catalina Parot, duplicar luminarias o recuperar sitios tomados por bandas.
Necesitamos entregar señales de optimismo con voceros que sientan empatía por sus conciudadanos y empujen proyectos que simbolicen una sociedad más justa y prospera. Un avance enorme sería generar alianzas entre empresas constructoras y comités de vivienda, para que postulen juntos a licitaciones de terrenos públicos. Así, cuando sea adjudiquen los proyectos, las familias podrán acceder al sueño de la casa propia en meses y no en años. Si avanzamos en medidas concretas en vivienda, seguridad o barrio, alejaremos la probabilidad de un estallido, aislando las cabezas que ven la violencia como una forma de acceder al poder que son incapaces de obtener por las urnas.
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