Columna de Iván Poduje: Tolerancia cero

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24 Junio 2022 Fachada e interior de la Iglesia de Carabineros la cual fue quemada durante el estallido social Foto: Andres Perez / La Tercera IGLESIA SAN FRANCISCO DE BORJA - RECORRIDO - INSTALACIONES - INTERIOR - EXTERIOR - RUINAS - ESCOMBROS - VISTAS GENERALES - VISTAS PARCIALES


Por Iván Poduje, arquitecto

Hace pocas semanas recorrí varias comunas afectadas por el estallido y los espacios dañados estaban peor que hace tres años. Vitrinas blindadas, estaciones de metro grafiteadas y espacios públicos que lucían como ruinas prematuras, desbordadas de tristeza, abandono e informalidad. Ahora tenemos datos e indicadores que confirman que nuestras ciudades son más inseguras y con peor calidad de vida que el 19 de octubre de 2019, lo que derriba todas las teorías que decían que la violencia sería la partera de un país más prospero y justo.

La situación del centro histórico de Santiago solo puede calificarse como desoladora. El esfuerzo de 30 años por revitalizarlo fue destruido en 30 meses debido a la glorificación política e intelectual de la barbarie, amparada por la alcaldesa Irací Hassler, que como concejala fue una activa promotora de las marchas y tomas violentas de liceos, y que ha demostrado una nula empatía con los vecinos que deben convivir con su ciudad destruida. En Valparaíso, el alcalde Sharp ha jugado un rol similar, que tiene a la otrora joya del Pacífico sumida en la peor crisis de su historia, transformada en un gigantesco baño público, donde básicamente puedes hacer lo que se te antoje en el espacio público.

La ciudad octubrista que representan Hassler y Sharp, y que admiran arquitectos como Sebastián Gray o Francisco Brugnoli, no sólo dañó edificios y empleos. Afectó el ánimo de la población que debe caminar por aceras destruidas, vitrinas blindadas, espacios sucios y un comercio informal fuera de control. En otra columna señalé que era posible salir de este pozo, como lo hicimos cuando levantamos nuestra ciudad de sismos o crisis económicas. Entonces la clave fue tener una visión de Estado, donde los gobiernos avanzaban sobre lo realizando por sus predecesores, como una posta de grandes proyectos. Lamentablemente ese desafío se ve difícil debido a la polarización que vive el país y la profundidad que ha alcanzado la crisis de orden público y vandalismo.

¿Qué podemos hacer entonces? Lo primero es reconocer que el problema es muy serio y que no sirve taparlo con campañas de marketing, por bienintencionadas que sean estas. Tampoco sirven las posturas buenistas que estiman que será posible recuperar las zonas afectadas con actos culturales, para que los ciudadanos se reconecten con su espacio público. Si los matones que controlan estos lugares han quemado templos, demolido aceras o rayado museos, difícilmente le harán caso a un mimo que nos invita a cuidar el “espacio de todes”.

Con los matones lo único que funciona es subir el costo de vandalizar. Un caso exitoso que suele citarse es el plan “Tolerancia Cero”, aplicado en Nueva York a comienzos de los 90 por el ex alcalde Rudolph Giuliani y que logró recuperar barrios completos, aprovechando el boom económico del gobierno de Bill Clinton. Más allá de las críticas al plan, el principio que lo inspira es correcto. Se conoce como la “teoría de las ventanas rotas” y asume que pequeños delitos que no se controlan a tiempo, como rayar un museo o destruir un paradero, generan condiciones de impunidad que terminan escalando hacia patologías criminales mayores.

La clave de la tolerancia cero es reparar a tiempo estas “ventanas rotas” y transferir el costo social de la destrucción, al infractor. Para hacerlo, la ciudad de Nueva York coordinó a todos sus departamentos con la policía y creo fuerzas de tarea especiales para multiplicar el número de ojos que cuidaban el espacio público.

En Alemania y Holanda las medidas son similares. El vandalismo en zonas patrimoniales es considerado un delito y te puedes ir preso si incumples las normas que lo protegen. En París, las multas llegan a 25 millones de pesos chilenos si afectas un monumento histórico y si no pagas, el gobierno te persigue legalmente, y te va cortando los beneficios en educación, salud o empleo. Además, la municipalidad tiene inspectores entrenados en controlar incivilidades y si los vándalos se ponen violentos, se activan protocolos para que la policía llegue en cosa de minutos.

Nadie podría decir que los franceses, alemanes u holandeses sean “fascistas” por aplicar estas políticas de tolerancia cero. De hecho es justo lo contrario. Lo hacen porque entienden que el patrimonio y la seguridad pública son bienes sociales que solo el Estado puede proteger. ¿Tendremos en Chile autoridades que piensen de esta forma?

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