Por Iván Poduje, arquitecto
En esta columna les contaré por qué la política habitacional está generando incentivos perversos para tomarse terrenos y cuáles son los cambios que se deben implementar para corregir el rumbo. La historia parte en Cerro Navia, donde el área probono de Atisba está apoyando a 600 familias que llevan 18 años luchando por su casa propia. Acudieron a nosotros cuando el Serviu se demoraba en cambiar el uso de suelo del terreno de su proyecto habitacional. Al analizar su caso, nos dimos cuenta que habían sido tramitadas innecesariamente y propusimos un mecanismo más rápido. Entonces comenzó la pesadilla.
El Serviu exigió que todas las viviendas fueran bloques de vivienda social, con densidades altísimas. A diferencia de las casas, los bloques no se pueden ampliar, así que la mayoría presenta problemas de hacinamiento. Los vecinos no tienen recursos para mantener los espacios comunes, así que estos terminan como basurales o estacionamientos ilegales. Y, como la enorme mayoría de los bloques no tienen ascensor, los adultos mayores o las personas con discapacidad quedan postradas si les toca un piso superior.
Las familias de Cerro Navia conocen estos problemas, así que exigieron un proyecto de casas. El Serviu les dijo que no era factible y, que, si querían esta opción, ellas tenían que desarrollar un anteproyecto. Las apoyamos en eso y presentamos varias opciones y todas fueron rechazadas. Primero nos dijeron que los pasajes eran muy angostos, así que los ampliamos. Luego afirmaron que faltaban estacionamientos. Los aumentamos, pero nos informaron que teníamos que meter más viviendas, así que hicimos un proyecto mixto con casas y departamentos. El problema no era técnico, sino que económico.
Para “rentabilizar” el terreno, era necesario meter más familias y eso solo se logra con bloques de departamentos. En esta ecuación nunca se midió el costo social del hacinamiento, el deterioro de espacios comunes o las barreras para adultos mayores y personas con discapacidad.
En Lo Barnechea pasó lo mismo con 200 familias del comité “Movimiento por la Dignidad”, que hace 10 años descubrieron un predio fiscal abandonado entre el Cerro 18 y La Dehesa. Averiguaron que la propiedad pertenecía al Ministerio de Educación y se reunieron con ministros y alcaldes para pedir el traspaso, lo que lograron en 2022. El sueño de la casa propia parecía concretarse, pero el Serviu aplicó el mismo criterio que Cerro Navia: solo bloques de departamentos para “rentabilizar” el terreno.
Las familias protestaron y la municipalidad de Lo Barnechea contrató una consultora para elaborar un diseño de consenso. Las dirigentas pidieron permiso en sus trabajos para asistir a reuniones y aportar ideas y sueños. Pero estos nunca fueron incorporados. Al final de este supuesto proceso participativo, se llegó al mismo proyecto que buscaba el Serviu desde el inicio: bloques de vivienda social.
Podrán imaginar la frustración de estas familias. Pero el asunto empeora si consideramos que mientras ellas cumplen con las reglas -con esperas de años- miles se toman terrenos y en cosa de semanas tienen una casa con patio, estacionamiento y hasta segundos pisos. Además, saben que la luz llegará pronto para evitar cortes en el barrio, y en cinco años podrán tener acceso a agua potable.
¿Qué haría usted si estuviera en el caso de las dirigentas? ¿Seguiría los conductos regulares por diez años o se movería a una toma para tener su casa en semanas? La respuesta explica el crecimiento descontrolado de las tomas y por qué la política habitacional está trancada, ya que los bloques son más lentos de construir. La solución es combinarlos con casas en sitio propio, usando viviendas industrializadas. Afortunadamente el Ministerio de la Vivienda está explorando esta opción, lo que permitiría concretar el sueño de la casa propia, sin necesidad de saltarse las reglas. Pronto sabremos el desenlace de esta historia.
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