Por Iván Poduje, arquitecto
El martes pasado, la Convención Constituyente aprobó el derecho a una vivienda digna, lo que fue celebrado por los convencionales y algunos expertos. Como era de esperar, la noticia generó altas expectativas en miles de familias que viven allegadas o en campamentos. ¿Cómo mejorará su situación si la nueva Constitución es aprobada? Para saberlo debemos responder tres preguntas.
La primera es cuándo se concretará el derecho, es decir, cuándo las personas podrán acceder a su vivienda digna. Eso no depende de la Constitución, sino de leyes y reglamentos que saldrán del Congreso si gana el Apruebo y que luego deberán ser visados por la Contraloría. Posteriormente se requieren programas, proyectos habitacionales y cuantiosos recursos. Así que siendo optimistas, este nuevo derecho social podría estar operativo en unos 10 años más. Un largo trecho para las familias que ya esperan ocho años entre la obtención del subsidio y la entrega de las llaves de su vivienda. Y esto es en promedio, ya que me ha tocado trabajar con comités de allegados donde la demora se extiende por 15 años y los dirigentes mueren esperando.
Cuando se presentan estos inconvenientes y se recalca la urgencia del problema, los promotores de los derechos sociales dicen que la Constitución no puede resolver urgencias y debe pensarse a 40 o 50 años. Yo discrepo de esta visión, ya que la espera de las familias sin casa se da en condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad, con un desgaste emocional enorme, por las promesas que se incumplen una y otra vez. Por ello es clave precisar qué entidad pública estará a cargo de concretar el derecho social prometido, que es la segunda pregunta clave en este debate. En mi opinión debe seguir siendo el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu), con sus servicios regionales (Serviu) ya que tienen la experiencia, los terrenos y los instrumentos para moverse más rápidamente. Además, debieran sumarse los municipios como propuso el ministro Carlos Montes, y algunas dependencias del gobierno regional, en la medida que puedan responder en tiempo y forma.
En cualquier escenario, el déficit habitacional crece cada año y seguiremos viendo demoras, listas de espera, proyectos que se postergan o que se construyen en entornos inseguros y alejados, es decir, en áreas poco dignas. Cuando se produzcan estos problemas ¿A dónde podrán reclamar los ciudadanos por el derecho social incumplido? Aunque usted no lo crea, no tenemos la menor idea. La Convención aún no lo precisa y esto podría agravar la “pichanga burocrática”, que es como se conoce el vía crucis que viven los vecinos cuando los servicios se pasan la pelota para deslindar responsabilidades. Si esto ocurre al postular a un proyecto de 200 casas, imagine la magnitud de la pichanga cuando se reclama un derecho constitucional sin una contraparte definida. Quizás por esta razón millones de chilenos han debido resignarse a respirar humo de leña o carbón en los últimos 30 años, pese que la Constitución vigente consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
¿Entonces qué celebraron los convencionales cuando se aprobó el derecho a la vivienda digna? La verdad es que cuesta entenderlo. Quizás la retórica de los derechos sociales está demasiado inflamada y les hizo olvidar el calvario que vivirán las familias en los 10 años que demorará la Constitución en estar operativa. O quizás lo saben, pero lo omiten para ganar popularidad y votos para el Apruebo.
Ambas actitudes son gravísimas. Las familias sin casa no merecen ventas de humo ni más expectativas frustradas. Necesitan que trabajemos hoy para reducir los plazos, aumentar el número de viviendas y mejorar su calidad arquitectónica y urbana. En resumen, debemos generar respuestas en meses y no años. Usted me dirá que esto no es excluyente con el derecho a la vivienda, pero concordará conmigo que casi nadie está hablando de la urgencia actual en este placebo de los derechos sociales garantizados, pese a que atravesamos la peor crisis habitacional de los últimos 30 años, y eso es sencillamente impresentable.
