Columna de Javier Couso: La constitucionalización del derecho al aborto

Por Javier Couso, UDP/U. de Utrecht

Esta semana el Pleno de la Convención aprobó una norma que asegura la “interrupción voluntaria del embarazo”, precepto que reconoce a las mujeres un derecho constitucional a decidir autónomamente si desean (o no) abortar. La norma aprobada impediría una prohibición absoluta del aborto, aunque no el que se lo regule y/o circunscriba por ley (por ejemplo, estableciendo un límite de semanas en que se podrá ejercer ese derecho). En esto, el efecto de la decisión de los convencionales es similar a la de los siete jueces de la Corte Suprema de EE.UU. que (en 1973) decidieron que existía un derecho constitucional a abortar que puede ser objeto de limitaciones o restricciones, pero nunca prohibido del todo. Así, lo que en el país del norte fue resuelto por un puñado de jueces que pretendían interpretar una carta aprobada dos siglos atrás, en Chile acaba de ser decidido por más de dos tercios de un ente mandatado por la ciudadanía para elaborar un texto constitucional.

Por supuesto, en ambos casos puede cuestionarse el que se haya elevado a rango constitucional un derecho que –en la mayoría de los países en que se reconoce— exhibe una jerarquía meramente legal, pero es relevante aquilatar la diferencia que representa el que, en uno, haya sido fruto de una probable usurpación judicial del poder constituyente (disfrazada de un acto de interpretación de la Constitución) y, en el otro, producto de la decisión de un ente elegido democráticamente para elaborar una nueva carta fundamental.

Si bien el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo suscita polémicas en buena parte del orbe, de ratificarse el proyecto de nueva carta en el plebiscito “de salida”, es posible que el origen democrático del reconocimiento de un derecho constitucional al aborto en Chile sea menos cuestionado en el futuro que lo que ha sido el caso en Estados Unidos, país donde, transcurrido medio siglo desde que ese puñado de jueces decretó que existía tal derecho, el debate al respecto sigue siendo sumamente intenso.