Por Javier Couso, UDP/U. de Utrecht
Esta primera semana del año 2022 marcó el inicio de la segunda -y crucial- etapa de trabajo de la Convención Constitucional que, es bueno recordar, tiene hasta julio próximo para convenir un texto de nueva carta fundamental.
La semana estuvo marcada por una -sorpresivamente compleja- renovación de las autoridades de la Convención. Considerando la positiva evaluación de la presidenta y el vicepresidente salientes, así como la sólida alianza que el Frente Amplio y el Colectivo Socialista habían fraguado en los últimos meses (al punto que se habían convertido en los grupos que en los hechos lideraban el proceso constituyente), se esperaba que la renovación de la mesa directiva fuera más o menos fluida. Sin embargo, las cosas se complicaron y luego de sucesivas rondas de votaciones, finalmente una peculiar coalición de grupos de independientes (de izquierda radical y de centro-izquierda) logró hacerse de la mesa de la Convención, con María Elisa Quinteros en la presidencia y Gaspar Domínguez en la vicepresidencia.
Sin perjuicio de que, a diferencia de la mesa saliente en sus inicios, la actual se encuentra minuciosamente regulada por el Reglamento aprobado en octubre pasado –lo que facilitará su trabajo—, los desafíos que Quinteros y Domínguez enfrentarán los obligará a desplegar sus mejores esfuerzos.
En efecto, más allá de los roles formales que desempeñarán, la gran tarea de ambos será propiciar un cierto modus vivendi al interior de la Convención, que no sólo contribuya a que se alcance el exigente quórum de dos tercios para aprobar cada nueva norma constitucional, sino que, además, facilite que los convencionales de la derecha que entienden las peligrosas consecuencias de un eventual fracaso de un proceso nacido para aplacar un estallido social de proporciones, tengan la posibilidad de incidir en el texto final, de manera que la nueva Constitución pueda ser razonablemente aceptable para el conjunto del país.
