Por Javier Couso, UDP/U. de Utrecht

Si se ha de confiar en los sondeos de opinión, todo indica que nos encaminamos hacia un segundo fracaso en el intento de contar con una nueva Constitución. Más allá de las causas de este eventual nuevo tropiezo, la posibilidad de un resultado así plantea la pregunta acerca de los costos que ello acarrearía.

Más allá de la desazón que generaría tal escenario, cabe indagar por el impacto que tendría el que se mantenga vigente una Constitución que no sólo fue abrumadoramente descartada en el plebiscito de 2020 sino que, además, es generalmente considerada como disfuncional, por su incapacidad de ofrecer un marco de gobernabilidad para tiempos tan desafiantes como los actuales.

En efecto, uno de los pocos diagnósticos compartidos que han dejado los dos procesos constituyentes de estos años, es que nuestro sistema político padece de una crónica ingobernabilidad, producto de la alta probabilidad de que un presidente elegido para mejorar las condiciones de vida de las personas no pueda cumplir con sus promesas porque no cuenta con las mayorías legislativas necesarias (por la alta fragmentación de los partidos con representación en el Congreso).

Esto genera frustración ciudadana con el propio sistema democrático, terreno fértil para la irrupción de líderes hostiles a las formas jurídicas que, aprovechando la natural impaciencia ciudadana, transgredan los límites constitucionales y legales de una democracia en forma, bajo el pretexto de que los últimos les impiden entregar respuestas rápidas y efectivas a los problemas de la gente. Así las cosas, el precio de un segundo fracaso constituyente podría ser mucho mayor de lo que aparece a primera vista.

Por otra parte, y considerando que es casi inconcebible imaginar que habrá una nueva oportunidad (en el corto y mediano plazo), para introducir una carta que otorgue gobernabilidad y aborde asuntos cruciales que la vigente ni siquiera menciona, el Consejo debe agotar esfuerzos para llegar a un genuino pacto constitucional que –como lo logró la Comisión de Expertos— exprese un consenso lo suficientemente transversal como para que un amplio abanico de partidos llamen a ratificar el texto acordado. Considerando que Republicanos cuenta con un poder de veto en el Consejo, su responsabilidad es especialmente importante para lograr lo anterior.