Por José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch
Desde el 11 de julio, miles de cubanos han salido a las calles en todo el país para participar en manifestacioes históricas reclamando por la falta de libertades que sufren desde hace décadas, así como la escasez de alimentos y medicina y la respuesta del gobierno ante la pandemia.
Muchos manifestantes gritaron “¡libertad!” o “patria y vida”, en referencia a una canción que desafía el viejo eslogan del régimen, “patria o muerte”, y critica la represión en el país. La canción tiene tan nervioso al régimen que algunos activistas han sido detenidos por reproducirla con alto parlantes. Recientemente una coronel del régimen dijo que decir “patria y vida” era un delito.
El domingo, el presidente Díaz-Canel instó a partidarios del gobierno y a las fuerzas de seguridad a que respondieran con violencia a la protesta.
Varias organizaciones denunciaron que ese día hubo interrupciones al servicio de internet, seguidas por una conectividad intermitente, incluyendo restricciones a las redes sociales. Organizaciones de derechos humanos denuncian que cerca de 400 personas han sido detenidas. Se desconoce el paradero de muchos. Además, policías y agentes de inteligencia se han presentado en las viviendas de activistas y les han dado órdenes de no salir o se los han llevado.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, quien hasta ahora nunca se había pronunciado sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba, expresó el viernes su preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y el arresto de un “gran número de personas”, varios de ellos incomunicados, en el país. Bachelet le pidió al gobierno cubano que libere a los detenidos, respete la libertad de expresión y restaure el acceso a internet.
A pesar de las restricciones, Human Rights Watch ha podido entrevistar a decenas de activistas, periodistas y víctimas de abusos recientes.
Hemos recibido denuncias de golpizas contra manifestantes y documentado múltiples casos de detenciones arbitrarias. Por ejemplo, Camila Acosta, corresponsal del medio español ABC, fue detenida el lunes y recién el viernes la excarcelaron, aunque quedó bajo arresto domiciliario. También han sido detenidos varios miembros de los movimientos “San Isidro” y “27N”, dos coaliciones de artistas y periodistas que han sido blanco de represión gubernamental en los últimos meses.
El 13 de julio, las autoridades indicaron que había muerto un manifestante, pero periodistas independientes han informado sobre más casos.
El régimen cubano ha optado por reprimir, tal como lo ha hecho por décadas. Pero Cuba está cambiando. Miles de cubanos están superando el miedo y, a pesar de los intentos del régimen por restringir las comunicaciones, el acceso creciente a internet ha permitido que muchos activistas organicen manifestaciones y trasmitan imágenes de los abusos.
Los gobiernos que estén comprometidos con los derechos humanos deben enviarle un mensaje claro a Díaz-Canel. Deben decirle que ya basta de dictadura. Luego del pronunciamiento de Bachelet, ningún gobierno puede decir que no sabe lo que está pasando en Cuba.
