Por Julio Borges, dirigente opositor venezolano.

Indudablemente, vivimos horas sumamente duras en Venezuela, pero que nos llevan a un desenlace democrático. El dictador Nicolás Maduro ha cruzado todas las líneas rojas y está decidido a replicar una especie de Corea del Norte en el corazón de América Latina, bajo la mirada dócil de algunas democracias occidentales y con el auspicio de Rusia, China, Cuba e Irán.

Después de las elecciones del 28 de julio, a Maduro no le ha quedado otra que valerse de la fuerza para atrincherarse en el poder. El balance es una represión salvaje contra todo un país que votó por un cambio: 2.200 detenidos, entre ellos más de 200 niños, 28 personas asesinadas y un número gigantesco de exiliados. La cereza del pastel es una orden de captura contra Edmundo González Urrutia, el candidato que recibió el 70% de los votos en las elecciones presidenciales.

Luego de tres meses, el triunvirato conformado por Petro, Lula y AMLO no ha dado señales de avance. Maduro los ha usado para ganar tiempo y, recurrentemente, los deja con el teléfono colgado. Aunque estos países han solicitado la publicación de las actas de escrutinio —lo cual es positivo—, ya toca cerrar ese capítulo y asumir una posición más beligerante, como la que ha adoptado el Presidente de Chile, Gabriel Boric, quien no ha dudado ni un segundo en decir que el dictador perdió y que en Venezuela no hay una izquierda, sino una dictadura.

Igualmente, es necesario que todo el mundo libre active los protocolos internacionales para salvaguardar la integridad, la vida y la libertad de Edmundo González, María Corina Machado y todos los dirigentes que están luchando por un cambio en Venezuela. En ese sentido, los países deben poner a disposición sus sedes diplomáticas para que quienes escapan de la persecución política puedan resguardarse y garantizar sus derechos humanos en medio de los ataques de los esbirros de Maduro.

En simultáneo, se debe elevar la presión sobre la dictadura de Maduro, haciéndole entender que la represión tiene consecuencias. Por eso, hay que aumentar los apoyos al proceso de la Corte Penal Internacional (CPI) e, incluso, cada país puede activar la jurisdicción universal para investigar y condenar a quienes están cometiendo severas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Estoy seguro de que esta presión llevará a una fractura del bloque de poder y a un desenlace democrático en Venezuela.