Por Louis de Grange C., decano Facultad de Ingeniería y Ciencias, UDP
La Ley “Chao Cables”, promulgada en 2019, obliga a las empresas de telecomunicaciones a responsabilizarse de la instalación, mantenimiento, traslado y retiro de cables aéreos o subterráneos, lo que puede conllevar gastos impagables por las empresas. La Ley “Uber”, promulgada en 2023, busca, aunque de manera defectuosa y decimonónica, regular las aplicaciones de transporte. Por último, la Ley “CATI”, también promulgada en 2023, tiene como objetivo automatizar el tratamiento de infracciones de tránsito, lo que es un avance muy significativo.
Estas tres leyes ya promulgadas tienen al menos dos cosas en común: la primera, es que ninguna cuenta con un reglamento aprobado que permita su implementación; la segunda, es que todas son responsabilidad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).
¿A qué se debe este “injustificable retraso” en los reglamentos, como tituló un editorial de La Tercera el lunes pasado? No existe una respuesta oficial a dicha pregunta, ya que ni el MTT ni la Contraloría General de la República se han pronunciado públicamente sobre el tema.
Mi impresión es que el responsable es uno solo: ha existido tanto desidia como incompetencia por parte del MTT.
Desidia en el caso de la Ley “Chao Cables”, pues parece evidente la falta de voluntad, interés o esfuerzo para concretar el reglamento; ello, debido presumiblemente a que no será acatada y por lo tanto las autoridades deberán dar incómodas explicaciones.
Incompetencia en el caso de las Leyes “Uber” y “CATI”, debido al desconocimiento respecto de la industria de las aplicaciones de transporte y a la falta de destreza política del Ministro en persuadir respecto de la importancia del uso de tecnologías para prevenir accidentes. Tanto es así, que en el último año el MTT tuvo que retirar dos veces de Contraloría el reglamento de la Ley “Uber”, situación que es absolutamente anormal, por decir lo menos.
Lamentablemente, este nulo avance pareciera no importar a quienes tienen el deber de avanzar en normativas que debiesen mejorar la movilidad en nuestro país.
