Por Louis de Grange, director Escuela de Ingeniería Industrial UDP y ex presidente de Metro
Las autoridades de transporte anunciaron la aplicación de la restricción vehicular para un sector de Concepción, usando como pretexto el lamentable accidente el Biotren y un bus local, provocado por este último, y que tuvo víctimas fatales. Además, las mismas autoridades le atribuyen a la restricción vehicular una mejora en la calidad del aire en Santiago, reflejada en una reducción en la cantidad de horas de episodios críticos.
Respecto del lamentable accidente, no solo es deshonesto relacionarlo con la congestión vehicular, sino que además me parece una despreocupación total hacia las familias de las víctimas y hacia los habitantes de la comuna que podrían enfrentar a futuro tragedias similares. Lo necesario acá es invertir en infraestructura (cruces a desnivel), en tecnología y en mejorar el estándar en la conducción de buses.
Por otra parte, respecto a la reducción de episodios críticos en Santiago, ello no se debe a la restricción vehicular, sino que a mejores condiciones climáticas y de ventilación. De hecho, si se analiza cuantitativamente el impacto de la restricción vehicular sobre diferentes variables, tal como lo realizamos en un reciente estudio en la UDP, es posible constatar que tiene un efecto despreciable de la medida. Para ello, basta con comparar las emisiones de monóxido de carbono, así como también la velocidad de circulación de los autos y de los buses de Santiago, y el nivel de uso del transporte público (validaciones con la tarjeta Bip!), para antes y después de entrar en vigencia la restricción vehicular. En todos estos casos, y controlando por variables climáticas y de ventilación, no se detectaron cambios significativos, lo que permite concluir el nulo impacto que conlleva esta medida.
Las autoridades de transporte deben ser más responsables no sólo en el tipo de política pública que pretenden promover, sino que también en la forma de comunicar, ya que ellas afectan la vida de las personas y además requieren de recursos públicos asociados a su implementación, los cuales podrían ser utilizados en otros fines de mayor rentabilidad social.
