Columna de Luis Benavente: Perú, pena de muerte en debate

Por Luis Benavente, analista político peruano, director de Vox Populi.

El gobierno peruano que preside Dina Boluarte ha iniciado un debate nacional sobre la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores con muerte de la víctima, como medida dirigida a enfrentar la ola de violencia sexual contra niños y adolescentes, un problema que genera demanda de acciones contundentes.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha declarado que el gobierno no tiene una posición definida a favor o en contra de la pena de muerte, pero considera necesario abrir un debate amplio para evaluar su viabilidad legal y constitucional. Arana señaló que “este es un tema complejo que debe ser analizado con responsabilidad”.

El primer ministro Gustavo Adrianzén ha dicho que “la pena de muerte no es un tema cerrado”, y que el gobierno está abierto a un debate serio y técnico, respetando el marco jurídico vigente.

Muchos consideran que la propuesta busca distraer la atención frente a la baja popularidad y dificultades políticas de la presidenta y el gobierno.

Más allá de esta suspicacia natural, la realidad muestra un contexto de fuerte incremento de la criminalidad general. En 2024, el número de muertes por homicidio fue 36% más que en 2023, llegando a 2.037 asesinados. En un país que enfrenta una grave crisis de inseguridad ciudadana, esto lleva a que en la actualidad el 72% de peruanos esté a favor de la pena de muerte (IEP).

Entretanto, un estudio reciente de la consultora Vox Populi establece los principales argumentos a favor y en contra de la pena capital.

A favor: hace justicia a las víctimas de los criminales; libera a la sociedad de delincuentes que ponen en peligro a personas inocentes; la defensa del derecho a la vida de criminales peligrosos pone en riesgo el derecho a la vida de personas inocentes.

En contra: es una forma de justicia extrema y cruel; no tiene efecto disuasivo al no disminuir el crimen; es una violación de los derechos humanos; es inconstitucional, porque la Constitución del Perú establece el derecho a la vida; no hay confianza en el Poder Judicial y existiría riesgo de condenar a inocentes.