Columna de Magdalena Calderón y Daniela Díaz: Valorar a las trabajadoras del cuidado

Por Magdalena Calderón, investigadora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado MICARE y académica de la Escuela de Trabajo Social UC, y Daniela Diaz, trabajadora social, Magíster en Sociología.

No solo es alarmante, sino también inaceptable la situación que afecta a las residencias que acogen a niñas, niños y adolescentes vulnerados en Chile. Según un artículo de La Tercera sobre el servicio Mejor Niñez, estas residencias que hoy acogen a casi 4.700 niños vulnerados, en la mitad de los casos, con sobrecupo, tienen alrededor de 100 niños en lista de espera para ser admitidos.

La responsabilidad de un sistema de protección infantil es garantizar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, independiente de sus circunstancias familiares, incluida la protección contra el abuso y el abandono. Un aspecto fundamental para el éxito de las intervenciones en protección de la infancia que ha sido ignorado y continúa prácticamente ausente en las políticas públicas, es el rol de las trabajadoras y trabajadores de protección infantil.

Más allá del grado de institucionalidad que respalde el sistema, el presupuesto disponible o la calidad de los programas, es importante reconocer que el trabajo en la protección especializada conlleva un costo físico, psicológico y emocional significativo con repercusiones negativas para los equipos involucrados.

Los trabajadores de las residencias lidian a diario con situaciones de violencia, trauma y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, enfrentando a menudo escasez de recursos institucionales y cargas administrativas adicionales.

Todas estas situaciones exacerban los riesgos de realizar tareas de cuidado en una residencia. Es necesario considerar que los servicios de atención institucionalizada tienen una predisposición a la violencia para comprender la naturaleza de alta exigencia del trabajo de los equipos de atención, en su mayoría mujeres.

Es hora que, más allá de las dificultades existentes, se tomen medidas que valoren y reconozcan adecuadamente los servicios que prestan estas trabajadoras del cuidado. De ello depende en gran medida que las intervenciones en protección de la infancia tengan éxito.