Columna de María Elisa Fernández: Histórica acusación constitucional

Por María Elisa Fernández, historiadora y académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile

Comienzo esta columna recordando que el Presidente Sebastián Piñera no ha sido el único mandatario acusado constitucionalmente en dos ocasiones, también lo fue Carlos Ibáñez del Campo. Pero lo fue cuando ya no era Presidente, en 1931. Luego, su segunda acusación fue en 1956, en su segundo gobierno.

Como historiadora me es indispensable considerar los procesos y por ello recordar que, en nuestra historia política, bajo dos Constituciones diferentes, ambos políticos han sido cuestionados en dos ocasiones. Sin embargo, nunca un mandatario había sido acusado bajo cargos por “probidad”, como ha sido el caso de Sebastián Piñera, el 13 de octubre, por la Cámara de Diputados.

Carlos Ibáñez fue acusado como responsable en la detención arbitraria de un grupo de congresistas. Obviamente, siendo su gobierno una dictadura y su elección una farsa, se esperó que dejara su cargo para realizar la acusación. La Cámara de Diputados y Senadores aprobaron por mayoría los cargos, pero como ya había sido apartado del gobierno, no correspondía la “destitución como Presidente”, pero sí la imposibilidad de continuar como miembro del Ejército. Pero sus deseos por la Presidencia continuaron, y como candidato “apolítico”, Ibáñez ganó en 1952. Cuatro años después, en 1956, recibió su segunda imputación -esa fue la primera vez que un mandatario en el poder fue acusado-, cuando su alianza comenzaba a resquebrajarse y el segundo movimiento militar “Línea Recta”, ya aparecía. En esa oportunidad se le acusó por “haber comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado” y por “abiertas infracciones a la Constitución y las leyes”. Al final, salió triunfante.

Más reciente son las dos acusaciones al Presidente Piñera. La primera, el 19 de noviembre de 2019, por los actos de su gobierno que comprometieron el honor de la nación y por haber infringido la Constitución y las leyes al consentir en que las Fuerzas Armadas y de Orden cometieran violaciones a los DD.HH. La votación fue 79 votos a favor y 73 en contra.

La segunda imputación es la más grave que ha recibido un Presidente, pues se le acusó de falta a la probidad, al anteponer sus intereses -Proyecto Dominga- por sobre los colectivos. Si bien se logró aprobar la acusación en la Cámara, los senadores votaron el martes con un pañuelo en los ojos, y aunque muy ajustados los votos, una vez más la acusación no fue aprobada.