Por María Luisa Sepúlveda, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Valech y ex presidenta de la Fundación del Museo de la Memoria
Después de que el régimen de Daniel Ortega desterrara y despojara de su nacionalidad a decenas de sus opositores, Ricardo Brodsky convocó a un grupo de académicos y personas vinculadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos para hacernos parte de una solicitud al Presidente Gabriel Boric con el fin de que nuestro país le otorgue a los “apátridas nicaragüenses la nacionalidad chilena por gracia”. No dudé en hacerme parte de esto, ya que en su momento me tocó trabajar de cerca precisamente con miles de personas que recurrieron a la Vicaria de la Solidaridad por ser víctimas de este flagelo.
El grupo de opositores y críticos del gobierno en Nicaragua, declarados como “traidores a la patria”, no ha tenido un juicio justo y no se han respetado sus derechos. El que se les haya despojado de su nacionalidad constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
El hecho de que el Presidente Boric haya ofrecido residencia y nacionalidad chilena a los expatriados nicaragüenses es de una gran importancia para la institucionalidad de nuestro país y se condice con la tradición de Chile en esta materia. Lo que cabe ahora es que cualquiera de estos ciudadanos de Nicaragua que requiera la nacionalidad se le otorgue en el más breve plazo.
Por nuestra experiencia con el exilio, sabemos que muchos chilenos tuvieron problemas en el extranjero por ser apátridas. Hay quienes han recomendado que se les otorgue esa condición, pero aquello significa la nada misma. Tampoco esto debe mezclarse con efectos de la migración propiamente tal, ya que el exilio supone una condición distinta. Chile debe otorgar la nacionalidad porque eso les da derecho a ser ciudadanos.
A 50 años del golpe de Estado de 1973, la decisión que ha tomado el Presidente es de gran relevancia y nos debe ayudar a reflexionar sobre el valor de los derechos humanos y la democracia. Con el debido proceso y el respeto a la nacionalidad se fortalece la democracia. Las nuevas generaciones deben reconocer estos valores, lo que ha resuelto la autoridad en estos días va en ese sentido.
Hasta ahora parte de la región ha respondido de manera adecuada respecto de lo ocurre en Nicaragua, pero uno quisiera que la región completa reaccionara con prontitud. Por lo mismo, se valora la actitud que han tenido países como Chile, Colombia y Argentina. Hay que hacer un esfuerzo para que la futura inserción de los nicaragüenses sea de verdad, ya que como todos, merecen vivir bien en este país. Así, se quiere la participación del Estado y la sociedad civil. No bastan solo las políticas públicas. El desafío es grande.
