Por Mariano Confalonieri, editor de Breaking News del diario argentino La Nación
La Vicepresidenta Cristina Kirchner está siendo juzgada por un Tribunal Oral Federal, acusada de liderar una asociación ilícita que benefició con 51 contratos de obra pública a un empresario de Santa Cruz, la provincia de donde Néstor Kirchner es oriundo. La causa por la que se la juzga ahora se inició en 2016, a menos de un año de que terminara su segundo mandato como Presidenta, a raíz de una denuncia del director nacional de Vialidad de Mauricio Macri, Javier Iguacel.
El juicio está en etapa de alegatos. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron sus acusaciones durante 9 audiencias y pidieron para Cristina Kirchner una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Faltan todavía los alegatos de cada una de las defensas (hay otros 13 acusados) y la palabra final de los denunciados antes de que el Tribunal empiece a deliberar y llegue a una sentencia lo que, se estima, recién llegaría hacia fin de año.
¿En qué se basaron los fiscales para la acusación? En la discrecionalidad con la que se dirigieron 51 contratos que recibió el empresario Lázaro Báez, cuya cercanía con los Kirchner es innegable. De hecho, construyó el mausoleo en el que hoy descansan los restos del expresidente. Dicen que las licitaciones estaban arregladas y que las obras en algunos casos no se terminaron o se pagaron con sobreprecios. Pero para los fiscales, además, ese beneficio que obtuvo Báez volvió en parte a la entonces familia presidencial cuando Báez alquiló habitaciones en hoteles de Santa Cruz, propiedad de los Kirchner.
Sin embargo, el juicio genera varias controversias. La primera es jurídica. La figura de asociación ilícita es muy difícil de probar, porque requiere que varias personas se hayan juntado para cometer múltiples delitos durante un tiempo indeterminado.
Y en este caso significaría que Cristina K llegó a la Presidencia para cometer delitos junto a su entonces esposo, el empresario Báez y varios de los exfuncionarios acusados. Lo que sostienen quienes critican esa figura (que se aplica muy pocas veces en el derecho penal argentino y sobre todo en casos de delitos de administración pública) es que será difícil de probar porque en todo caso lo que hubo aquí es malversación de caudales públicos.
Se trata sin dudas de un caso de corrupción que causa conmoción porque Kirchner es la principal líder política del peronismo (es la que más votos tiene) y tanto ella como su entorno sostienen que este juicio es parte de un intento por proscribir a la Vicepresidenta para futuras elecciones.
Las próximas elecciones generales en Argentina serán en 2023. Aún con el juicio en curso, Cristina podría presentarse a cualquier cargo, porque para que rija la prohibición para ejercer la función pública tras una condena, esa condena tiene que estar firme. Y las dos instancias superiores a este Tribunal (Casación y la Corte) no tienen plazos establecidos. Suele tomar años ese procedimiento. Por lo tanto, no habría ninguna proscripción de hecho.
