Por Marieta Campaña, periodista del diario Expreso de Ecuador

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio conmocionó a Ecuador la tarde del 9 de agosto, a 11 días de las elecciones anticipadas previstas para el día 20 de este mes. Su deceso ocurrió pasadas las 18:00, a la salida de un mitin político que se realizó en el norte de Quito.

El hecho que ha enlutado a la política ecuatoriana y ha afectado a la democracia del país no frenará los comicios según han anunciado las autoridades electorales. La muerte de Villavicencio, un periodista, activista y político de 59 años oriundo de Alausí, provincia de Chimborazo, ha sido atribuida a miembros de la delincuencia organizada. Tras el deceso, siete sospechosos fueron capturados. Uno de ellos murió en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado por la gravedad de las heridas. Por el hecho de sangre también se reportaron casi una decena de heridos, entre ellos tres policías de la cápsula de seguridad inmediata del candidato.

Para los otros seis sospechosos del sicariato, todos de origen colombiano según la Policía, la Fiscalía formuló cargos la noche del 10 de agosto. La muerte del candidato presidencial ha sido calificada como un crimen político por el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

¿La razón? Su ideología, sus denuncias en contra de grupos de delincuencia organizada y sus nexos con políticos, intermediarios petroleros y casos de corrupción atribuidos especialmente a exfuncionarios de Rafael Correa. Durante el correísmo, Villavicencio -junto con el exasambleísta Cléver Jiménez y el médico Carlos Figueroa-, tuvieron que refugiarse en una comunidad de la Amazonia ecuatoriana, tras ser condenados por presuntas calumnias al expresidente. Años después, una investigación de Villavicencio denominada ‘Arroz Verde’ desencadenó en un proceso judicial que le significó a Correa y 19 colaboradores en una condena por cohecho agravado que lo mantiene alejado del país.

Sus denuncias le valieron amenazas de políticos y delincuentes emitidos desde las cárceles. Desde cuando era asambleísta, Villavicencio recibió protección policial, la misma que se reforzó ya como candidato presidencial. La custodia no impidió que sicarios acabasen con su vida.

Por el crimen de Villavicencio se decretaron tres días de luto. Sectores políticos, empresariales y diplomáticos se han solidarizado y repudiado el crimen. Estados Unidos ofreció agentes del FBI para colaborar en las investigaciones. La Fiscalía activó la cooperación internacional con Colombia para conocer las identidades de los ciudadanos de ese país, sospechosos del sicariato.

En los días previos a su muerte Villavicencio estaba optimista porque los sondeos que manejaba lo colocaban con altas probabilidades de llegar a la segunda vuelta electoral.