Por Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades.
Por estos días hemos recordado con tristeza los devastadores efectos del megaincendio que hace un año afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que dejó 135 víctimas fatales y más de 21 mil personas afectadas. Hemos sido testigos de las críticas por el escaso avance de la reconstrucción, de la angustia que vive la gente y conocimos resultados de investigaciones que revelan las principales falencias y vacíos en nuestra gobernanza frente a estos fenómenos.
Chile es un país altamente expuesto a los incendios. Cumple siete de los nueve criterios de vulnerabilidad enunciados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, debido a la gran cantidad de zonas de bosques; áreas propensas a sequía y desertificación, y ecosistemas montañosos de nuestro territorio.
Ser resilientes, como país, para enfrentar los incendios no sólo implica tener capacidad de respuesta, contratar aviones o invertir recursos. Se necesitan estrategias de prevención, priorizar los recursos y contar con una adecuada planificación urbana. Las cifras nos muestran que no hemos tenido la visión correcta hace mucho tiempo. Según datos del Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano, 23 comunas tienen más del 50% de su equipamiento crítico o estratégico en zonas de alta recurrencia a incendios forestales; miles de familias viven en lugares de riesgo, y muchas comunas no tienen estudios actualizados ni planes reguladores, son algunos ejemplos que lo grafican.
Casos exitosos nacionales e internacionales nos muestran que las tareas a futuro son numerosas y que deben ser abordadas como sociedad. Una reciente consulta que levantamos en la Corporación Ciudades, en el Gran Valparaíso, reveló que el 89% de las personas dice no haber recibido apoyo o información de algún organismo para estar preparado al momento de un incendio y que el 82% no reconoce a algún líder vecinal encargado de guiar a la comunidad ante la ocurrencia de siniestros.
Más allá de los recursos, la clave para avanzar es la colaboración público-privada, la educación y el trabajo articulado desde y con la sociedad civil. La preparación de la ciudadanía es fundamental para enfrentar, anticipar y actuar oportunamente en este tipo de desastres.