Por Max Schnitzer, impulsor de la ley Jacinta

Soy el abuelo materno de Jacinta. Por cosas del destino, este último año me ha tocado liderar esta noble propuesta con un importante apoyo ciudadano. En un comienzo, la Ley Jacinta buscaba regular y asegurar que los adultos mayores -a través de esta nueva normativa- conduzcan con mayor seguridad. Sin embargo, desde la presentación en mayo en la Cámara de Diputados, nos dimos cuenta de que una iniciativa de esta importancia debe ser universal, porque nuestro fin es salvar vidas.

El proyecto desde su origen ha planteado dos visiones. Por un lado, la prevención, el resguardo de las personas respecto de los conductores inseguros; y, por otro, cuando ya sucedió el hecho, que el Estado, las aseguradoras e instituciones de salud puedan empatizar con las víctimas y ayuden de forma integral a los afectados.

La iniciativa -que seguramente será mejorada en la discusión legislativa- apunta a que desde los 18 años todos cuando quieran obtener o renovar la licencia de conducir, tendrán que acreditarlo con un certificado médico que señale que están en condiciones de hacerlo. Como dato, en casi todos los países europeos y de la OCDE, 21 de los 38 en total, donde Chile es miembro, tienen regulaciones para los adultos mayores. Por eso proponemos que las renovaciones que se realicen a contar de los 65 años sean más cortas.

La Ley Jacinta será de prevención, protección para las víctimas y todos los adultos podrán conducir cumpliendo estos nuevos requisitos. Pero también proponemos fuero laboral de 2 años para los padres, cuando muera un hijo menor de edad; o que los jueces deban tomar medidas cautelares con los imputados, para asegurar una futura indemnización a las víctimas.

Por otra parte, el seguro obligatorio (SOAP) deberá actuar y pagar a las víctimas en plazo de 30 días, y tendrán la obligación de ser ellos quien efectúen el proceso de liquidación. También buscaremos reforzar la Ley Emilia respecto a que los imputados que no presten auxilio a las víctimas en caso de fallecimiento y se den a la fuga, deban cumplir una pena efectiva de un año de cárcel a lo menos.

En resumen, el proyecto de Ley Jacinta es una propuesta integral que busca causar conciencia social, tanto a los conductores como también en las familias.