Columna de Olga Espinoza y Javier Martínez: Cárceles concesionadas ¿La medida más eficiente?

Por Olga Espinoza (Académica del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno, Universidad de Chile) y Javier Martínez (Ingeniero del Centro de Sistemas Públicos, Universidad de Chile).

La cárcel se ha instalado en el imaginario colectivo como una de las medidas necesarias para la recuperación de la seguridad pública. Chile ha experimentado un aumento sostenido de la población penal, que superará las 55 mil personas finalizando el 2024; situación compleja porque el sistema penitenciario dispone de una cantidad limitada de plazas (41.762 personas a mayo de 2023).

Como una alternativa a este problema, las autoridades se han mostrado abiertas a la concesión de la construcción de nuevas cárceles. Esta medida no es nueva, pues opera desde 2005. No obstante, estas cárceles presentan ventajas y problemas. La principal ventaja ha sido la mejor infraestructura, sin embargo, el hacinamiento en algunas cuestiona esa afirmación. Limitaciones en el acceso a reinserción (algunos estudios han identificado índices de reincidencia más altos); gestión burocrática que dificulta el abordaje de complicaciones cotidianas y mayores hechos de violencia, son algunos de sus problemas.

“El resultado desde el punto de vista de la reincidencia, que es el indicador para ver el éxito [de la política penitenciaria], es cero”, fueron las palabras del entonces ministro Hernán Larraín. En función de ello, estableció una mesa para evaluar este tipo de prisiones.

Un problema adicional han sido las multas. En 2022 el Estado tuvo que pagar más de 6 mil millones a las empresas concesionarias por sobrepoblación, mientras que entre 2008 y 2023 esta suma ascendió a 26 mil millones. Para poner esta cifra en contexto, la Campaña Chile Se Levanta, en apoyo a los damnificados por el incendio de la Región de Valparaíso, logró recaudar cerca de $ 5.500 millones.

El contexto descrito coincide con una nueva vorágine punitiva, siendo necesario que todos poderes del Estado tomen decisiones a partir de la evidencia existente.