Por Pablo Urquízar M., excoordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur y académico USS
Esta semana se conoció la detención de tres personas -vinculadas a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML)- por el triple asesinato de uniformados en Cañete el 27 de abril pasado, además de un prófugo de la justicia y otros tantos sujetos de interés. Sin lugar a dudas, el atentado más grave en la historia de la Macrozona Sur y el más brutal en Carabineros. Al respecto, resulta de la mayor relevancia profundizar en las señales del bestial acto delictual.
Como es de público conocimiento hubo una planificación exhaustiva, los funcionarios policiales fueron emboscados y ejecutados para posteriormente quemar sus cuerpos junto con el vehículo policial -varios kilómetros más allá del homicidio- en la ruta P-72 que une Cañete y Tirúa en el Conor Sur de Arauco.
Una primera señal es que el control del territorio en ese lugar no lo tiene el Estado sino la RML, orgánica radicalizada y terrorista -con una doble dimensión de terrorismo y crimen organizado- que aspira a la soberanía territorial. Segundo, existe una capacidad organizada para enfrentar a cualquiera. Tercero, todo aquel representante del Estado -sea Carabineros, PDI o Fuerzas Armadas- que pretenda hacer valer la ley, sufrirá las consecuencias. Cuarto, cualquier persona que viva en el lugar -mapuche o no mapuche- que no se subordine a los dictados de la orgánica será asesinada o afectada. Basta recordar en el pasado reciente el atentado al Molino Grollmus y la destrucción de 31 viviendas en Contulmo o la quema de 35 maquinarias y vehículos en Los Álamos.
Así las cosas, las detenciones recientes constituyen un paso muy importante, sin embargo, subsiste un desafío del Estado en avanzar hacia la desarticulación completa de la RML y de toda otra orgánica que pretenda el control territorial, única forma de resguardar los derechos fundamentales de las familias mapuche y no mapuche en la zona.